Diez meses después de la DANA: responsabilidades y silencios

Han pasado ya diez meses desde aquella devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, un episodio que dejó 228 fallecidos, un reguero de daños materiales y preguntas aún sin responder. La memoria colectiva, como suele ocurrir, tiende a diluirse, pero la responsabilidad política no prescribe. Resulta obligado mirar atrás para analizar qué se hizo, qué no se hizo y, sobre todo, quién debía haberlo hecho. La izquierda ha puesto el acento en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, pero la realidad es que si hay responsables políticos son muchos más y que si hay que reclamar dimisiones el listado de nombres se ampliaría al ámbito nacional e incluso local.

La mañana de aquel martes 29 de octubre de 2024 estaba marcada por una alerta roja oficial. Los avisos estaban ahí, los informes meteorológicos eran claros y algunos alcaldes actuaron en consecuencia: dictaron bandos, adoptaron medidas de emergencia y alertaron a sus vecinos. Recuerdo cómo el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, me llamaba para trasladarme su preocupación por los premios del Camp de Túria que organizábamos esa tarde desde El Periódico de Aquí y decidimos posponerlos. Pero esa respuesta no fue generalizada ni coordinada. A nivel autonómico, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, quedó en el ojo del huracán político. ¿Era él el único responsable? La izquierda le pide la dimisión desde entonces. La pregunta merece ser respondida con rigor.

Mazón, como presidente autonómico, representa la máxima autoridad territorial, y en situaciones de crisis su obligación es liderar, coordinar y transmitir seguridad. Es legítimo exigirle explicaciones sobre la rapidez de sus decisiones y la eficacia de la respuesta. Ahora bien, cargar sobre él toda la culpa resulta no solo injusto, sino políticamente interesado. La responsabilidad de lo sucedido es compartida en varios niveles institucionales.

El Gobierno central, con el presidente a la cabeza, tampoco estuvo a la altura. Ni el 29 ni el 30 de octubre llegaron refuerzos suficientes. En situaciones así, la activación inmediata de la UME y otros recursos estatales no es opcional: es una obligación. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana tenía la tarea de trasladar la gravedad de la situación a Madrid y asegurar que la maquinaria estatal se pusiera en marcha con la urgencia debida. Tampoco lo hizo. De Mazón se ha hablado mucho de dónde estaba ese día, pero poco o nada de Pilar Bernabé o de algún alcalde, que no estaba al pie del cañón ese día. Había alerta roja y eso ya indica un grave peligro, pero se nos había olvidado a todos la riada de 1957, la de 1982 y todas las gotas frías que en muchos otoños han causado graves daños por localidades y comarcas valencianas.

Otro actor clave fue la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Llevamos años con informes técnicos pendientes de ejecutar en barrancos como el apoyo, Chiva o la Saleta, obras preventivas que de haberse realizado de habría minimizado el terrible impacto aquel día. Pero la realidad es que esas infraestructuras no estaban listas el 29 de octubre, y la falta de previsión contribuyó a agravar los efectos de la catástrofe. ¿Nadie va a dimitir desde la CHJ y el Gobierno central?

Incluso a nivel local hubo errores flagrantes. La alcaldesa de una de las ciudades más golpeadas llegó a afirmar, esa misma tarde, en un encuentro con empresarios, que “el peligro había pasado”. El contraste entre esa declaración y la magnitud de lo que se vivía demuestra la desconexión entre discurso político y realidad sobre el terreno. La información no fluyó adecuadamente en numerosos niveles y no es justo reducir toda responsabilidad al Es-Alert ni a Mazón.

Diez meses después, lo que queda claro es que la DANA no fue solo una tragedia natural, sino también un examen fallido de nuestras instituciones. Ni la Generalitat, ni el Gobierno central, ni los organismos técnicos, ni todos los ayuntamientos estuvieron a la altura de la gravedad de lo que ocurría. Alguna alcaldesa tardó semanas en recorrer las calles de su municipio de l’Horta Sud, no como Amparo Folgado o la dimitida Maribel Albalat, a quien el mismo día 30 me crucé por las calles de Paiporta destrozada por el tsunami que había arrasado la localidad.

Mazón tiene una cuota evidente de responsabilidad, pero no es “el único responsable”. La cadena de fallos abarca desde Madrid hasta los municipios, pasando por la CHJ y por quienes debían garantizar que los planes de emergencia no fuesen un papel guardado en un cajón. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, se lamentaba amargamente con razón cómo las reivindicaciones históricas respecto a la Saleta habían sido sistemáticamente ignoradas.

Hoy, el mejor homenaje a las víctimas y damnificados sería dejar de buscar excusas y empezar a exigir respuestas. Porque la próxima DANA no entiende de colores políticos, pero sí castigará, de nuevo, la falta de previsión. 

Y, por favor, llegáis todos tarde en las ayudas, especialmente el Gobierno de España, que debía haber liderado un gran proyecto de reconstrucción con fondos del Estado y de la UE. Porque, si hubiera hecho las obras cuando correpondía, hoy la situación sería muy diferente.

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