Divalterra tenía en València un consejo de dirección alternativo al oficial, según Udef

Divalterra, empresa dependiente de la Diputación de Valencia, creó un consejo de dirección que no estaba reflejado en sus estatutos y actuaba al margen del consejo de administración responsable del gobierno de la sociedad, según concluye un informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga la supuesta contratación fraudulenta de nueve "enchufados" en Divalterra, que habrían cobrado más de dos millones de euros a lo largo de la legislatura, según los policías.

La operación policial que en junio de 2018 destapó el caso descabezó la Diputación de Valencia y llevó a la detención de su entonces presidente, el socialista Jorge Rodríguez -ahora ya fuera del PSPV por este caso-, y algunos de sus más estrechos colaboradores.

En el informe policial se revelan documentos encontrados tras el análisis del móvil de Rodríguez, en los que se menciona la existencia de dicho órgano, "que realizaba las funciones que estatutariamente le correspondía al consejo de administración".

Igualmente, en el móvil del asesor de la Diputación Manuel Reguart, también investigado en esta causa, se encontró un calendario de fechas para reuniones del consejo de administración y otras para el consejo de dirección.

"Parece quedar acreditado la existencia de un órgano denominado consejo de dirección de Divalterra, que resulta ser ajeno totalmente a la estructura interna de la sociedad, sin que conste su composición y sus funciones en los estatutos de la misma".

Los policías dicen que en conversaciones a través de WhatsApp de otros de los investigados "queda claro" que existe dicho órgano paralelo, al que llaman "consejo de administración político", que se celebra "con asiduidad" y "en el que participan los partidos políticos que forman el pacto de gobierno y deciden lo que se tratará en el consejo de administración".

El dossier de la Udef incluye documentos que muestran "la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de altos directivos".

Reproduce conversaciones de WhatsApp de Rodríguez con Reguart, en las que el asesor le dice que son seis "los puestos de alta dirección de Imelsa que quieren contratar, sueldo 50mil" y él responde que eran cuatro y añade: "Esto es una barbaridad porque además nosotros solo tenemos dos chorradas de medio ambiente. Compromís se quedad de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica".

Según la Udef, otro dato que confirma que los contratos de alta dirección "no cumplían los requisitos necesarios" y que demuestra "el conocimiento" que los investigados tenían del asunto es otra conversación de móvil en la que se dice que no se aprecia que se "vinculen los altos cargos a las encomiendas" y que será su "función" encontrarlas.

Los policías consideran que "hay varias personas que no ven que se vinculen los altos cargos a las encomiendas establecidas en Divalterra para realizar dichas funciones de alta dirección".

Las conclusiones de la Udef apuntan que en los efectos intervenidos a los investigados Jorge Cuerda y Xavier Simón aparecen informes jurídicos de los contratados y en "la mayoría" se indica que "no deben ser considerados" como de alta dirección sino como "una relación laboral común", que debería haberse regido por los principios del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por tanto, ambos "no pueden justificar que no estaban informados de la problemática que existía en la contratación" y, a juicio de los policías, "se evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar contrataciones ad hoc".

Además, el informe señala que el denominado "consejo de dirección político deja al margen de las decisiones tomadas en Divalterra a los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos".

El dossier de la Udef también informa de donaciones por parte de algunos de los altos cargos de Divalterra a sus respectivos partidos políticos (PSPV-PSOE y Compromís) y aporta resguardos de algunas trasferencias.