Economía en tiempos de guerra

La guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa multitud de debates económicos sobre los escenarios a corto y medio plazo que se pueden tener en la economía mundial y también, cómo no, en la española, teniendo en cuenta la histórica sensibilidad de la misma ante los vaivenes globales. Se habla de estanflación, como uno de estos escenarios probables, pero también de freno o recesión profunda, según se consulte cada autor. 

En relación al fenómeno de la estanflación, este fenómeno apareció con la crisis del petróleo de 1973, que supuso el cuestionamiento de las grandes 'políticas de demanda', que tuvieron su auge en Europa, en el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 1973 (crisis petrolífera).

La característica más propia del pensamiento keynesiano y de una gran parte de las políticas económicas asociadas con su corriente, es tomar la demanda agregada de bienes como principal eje conductor del desarrollo macroeconómico. Las políticas de demanda estimulan la economía, produciendo un aumento de la demanda de bienes y servicios, generando incentivos a las empresas para incrementar su producción, lo que acaba provocando que contraten a más personas. Para conseguir este efecto, las herramientas que los gobiernos pueden usar son las políticas monetarias y las políticas fiscales expansivas. Esta última herramienta, es un criterio de política fiscal que viene caracterizada por el aumento del gasto público y la reducción de la fiscalidad, por medio de la bajada de impuestos.

En el pensamiento keynesiano, la inflación y el desempleo se consideraban incompatibles. Por una parte, en caso de inexistencia de inflación para conseguir el pleno empleo, la corriente keynesiana propugnaba bajar impuestos, bajar el tipo de interés, incrementar el gasto público y bajar el tipo de cambio. Por otra parte, en caso de pleno empleo, para luchar contra la inflación, el keynesianismo propugnaba subir impuestos, subir los tipos de interés, disminuir el gasto público y subir el tipo de cambio.

En las más de dos décadas de triunfo del pensamiento keynesiano, por el que se enfocaba la acción del Estado en incentivar la actividad productiva, solo se daba un problema real: la inflación. Esto era así porque, con el pleno desarrollo del Plan Marshall para Europa, la recuperación económica y los intercambios masivos de productos con Estados Unidos, la generación continua de empleo fue la tónica general. Ante la inexistencia del desempleo, Keynes encontraba una coyuntura idónea para la aplicación de las teorías, llevando a cabo el control de la inflación, mediante los mecanismos ya comentados.

Con la crisis del petróleo del año 1973, se dispararon los costes de producción y se originó, de modo novedoso, desde la aplicación de las teorías económicas modernas, una situación de coexistencia entre el desempleo y la inflación. Esta nueva situación fue conocida como 'estanflación', en la que se dio al mismo tiempo una ralentización económica y una inflación en materia de precios. En ese periodo, las fórmulas de Keynes dejaron de tener la utilidad de antaño, pues no encajaban en ese novedoso entorno económico. A partir de esta época, los elementos de oferta agregada asociados con los mercados de trabajo, energía y algunas materias primas, fueron apareciendo con fuerza en la escena económica. Desde entonces, todo esto ha hecho necesaria la reconsideración de la estructura analítica de los modelos macroeconómicos y de las estrategias de las políticas de ajuste.

En el contexto actual, el fenómeno de la inflación no se ha dado de manera inmediata, habiendo aparecido en España mucho antes de la propia invasión a Ucrania, concretamente, en los últimos coletazos de la primera gran ola de la COVID-19, mientras se estaban ultimando los escritos de los Planes de Recuperación y Resiliencia. Esta inflación ha podido notarse claramente en los precios de la luz y por el encarecimiento progresivo de los productos básicos de la cesta de la compra. Por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado conviviendo con la inflación, sin que se diese un fenómeno de desempleo, sino de crecimiento económico moderado, sin poner en marcha una sola medida. Al gobierno del PSOE, junto a sus socios de Podemos, nacionalistas y filoetarras, les ha interesado que los ciudadanos de a pie hiciésemos de cajeros automáticos en estos últimos tiempos para cubrir su inoperancia ante la inflación, obviando cualquier tipo de medida que les pudiese afectar a sus perspectivas electorales.

Cuantitativamente hablando, ante la inacción del Gobierno, los españoles hemos sido los ciudadanos europeos que hemos sufrido un mayor decrecimiento en rentas y una mayor subida de precios en estos dos últimos años. Con datos del último trimestre de 2021 de Caixabank Research, los españoles hemos sufrido un decrecimiento de la renta bruta de un -3,8%, mientras que países como Alemania, Francia o Portugal han tenido un crecimiento porcentual de renta positivo, así como la Eurozona (+2,15). A su vez, en España, la inflación se disparó al 5% en ese periodo, mientras que en la zona Euro la inflación fue del 4.2%. En la misma lína, Francia, Italia o Portugal no pasaron del 3,4% de incremento porcentual de precios. En definitiva, España ya tenía un contexto previo de debilidad, que quedó patente en plena pandemia, con una estructura económica excesivamente especializada en el sector servicios, una estructura industrial oligopolizada y con una crisis energética en ciernes. La guerra ha supuesto, por tanto, la guinda final.

Sea como fuere, lo que está claro es que el shock mundial producido con la invasión de Ucrania provoca un mayor golpe a la economía española, ya sacudida con anterioridad, tal y como hemos demostrado. Por tanto, se presume un contexto seguro de mayor inflación a la ya existente, menor crecimiento y mayor desempleo. La pregunta es si el resultado final va a suponer un frenazo a la recuperación que se estaba dando aún con fenómenos inflacionarios, va a suponer una recesión profunda en función de la duración y escalado global del conflicto armado o se va a llegar a la temida estanflación.

Al respecto, creo sinceramente que no se va a llegar de manera nítida al tercer escenario, puesto que la economía española podría llegar a tener un crecimiento del +4,8% para 2022 y soportar una inflación máxima del 5,4% (previsiones FUNCAS). Un crecimiento en términos reales inferior al 1,5% y una inflación consistentemente por encima del 5% nos podría, en todo caso, llevar al temido fenómeno. Por lo tanto, la estanflación queda ahora mismo relativamente alejada, salvo circunstancias gravosas o escenarios aún inexplorados relacionados con el conflicto armado o con la propia duración de las sanciones y extensión de las mismas a otros grandes países, como podría ser China por colaboración con Rusia.

En España, lo cierto es que los márgenes macroeconómicos no son amplios. La situación hoy sugiere políticas de demanda, pero el margen de aumento del gasto público es limitado por el sobreendeudamiento español. Además, ante un shock de oferta, actuar desde la perspectiva fiscal se supone más efectivo que desde la perspectiva monetaria. No obstante, al igual que desde la UE se actuó firmemente ante el shock de oferta de la primera ola de la COVID-19, por lo menos, esta vez se espera que el BCE no endurezca de manera importante los tipos de interés, dando así un margen y un respiro a los productores y consumidores.

Mientras que el futuro económico se define, me pregunto qué hace el Gobierno de mi país y, por ende, su presidente, además de no tener éxito con su 'roadshow' sobre el precio del gas. ¿Estamos negociando alternativas de suministro? ¿Estamos retomando relaciones con Argelia tras el lío creado con los acuerdos con Marruecos? ¿Estamos cerrando acuerdos favorables con proveedores alternativos de cereales y otros productos de primera necesidad, que provenían de Ucrania, para atenuar el shock de oferta? ¿Tenemos el famoso plan de medidas económicas perfectamente definido? ¿Tenemos solución a la nueva crisis dentro de la crisis, provocada por las reclamaciones de los transportistas? ¿Se van a bajar impuestos a los combustibles, puesto que el barril de crudo no está más caro que en años anteriores? ¿Qué medidas macroeconómicas concretas va a tomar el Gobierno de España? ¿Hay alguien ahí, a los mandos?

Mientras estas preguntas aún no son claramente respondidas, nos hemos encontrado saliendo de una crisis de dos años y nos hemos metido de lleno en otra, que está teniendo efectos sobre todas las economías occidentales y, en especial, la española. En este contexto, como ciudadana de a pie, les digo que sigo teniendo la sensación de que con mis impuestos, mi dinero y mi capacidad diaria de producir y adquirir (todavía) bienes y servicios, sigo haciendo, como todos ustedes, de cajero automático de Pedro Sánchez ante la inflación, así como de financiadora de su inacción y de sus presupuestos inútiles para ministerios de muy poca utilidad pública. Por el bien de todos, espero que esta vez el ínclito Alberto Garzón permanezca, como poco, callado, al igual que la ministra de Igualdad y su prima política, Ione Belara. Su silencio y desaparición de la primera línea, mientras se intenta encauzar esta crisis, será el mejor favor que podrán  hacer a España.