La Junta de Gobierno
local del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Sagunto y el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), para poner en
marcha un programa de mediación e intermediación en controversias
sobre préstamos y arrendamiento relativos a la vivienda habitual. La
mediación será entre quienes no pueden pagar los préstamos
hipotecarios que contrajeron para financiar la adquisición de su
vivienda habitual porque se hallan en el denominado “umbral de
exclusión” y los bancos y demás entidades acreedoras de estos
préstamos. Estas situaciones están reguladas en el Real Decreto
6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos.
La concejal delegada de
Servicios Sociales, Davinia Bono ha afirmado acerca de este convenio
que: “este nuevo servicio pretende ayudar a todas aquellas familias
que se encuentren en esta difícil situación.
Dicha oficina servirá para poder intermediar directamente
entre las familias y las entidades financieras a través de
profesionales especializados en la materia”. Y ha destacado que:
“con este hecho demostramos nuestro compromiso con los que peor lo
están pasando y nos marca la ruta que hace tiempo iniciamos en una
materia, los desahucios, desconocida hace apenas un año.”
El Ayuntamiento y el
ICAV, conscientes de que el derecho a la justicia incluye no solo el
acceso al proceso judicial sino también a otros medios
complementarios para la solución de los conflictos, han suscrito
este convenio de colaboración para que el ICAV preste gratuitamente
los servicios de mediación e intermediación a todos los vecinos que
lo soliciten a través del Consistorio. Este servicio de atención
directa funcionará durante dos días al mes en dependencias
municipales de los dos núcleos.
Mensualmente el ICAV
comunicará a la concejalía de Servicios Sociales, el número de las
sesiones de información previa y de mediación realizadas, así como
el de las mediaciones finalizadas con acuerdo total o parcial.
También informará sobre las consultas atendidas y las gestiones
realizadas para el asesoramiento jurídico.
Es una prueba piloto que se
llevará a cabo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del
presente año, con la posibilidad de que se prorrogue.
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