Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet. EPDAEl pleno del Ayuntamiento de Quart de
Poblet aprobó ayer el paquete de ordenanzas reguladoras y ordenanzas
fiscales para el ejercicio de 2017. La principal novedad, en esta
ocasión, ha sido la modificación de buena parte de los textos e,
incluso, la creación de algunas ordenanzas nuevas, con el objetivo
de “adaptarlas a las nuevas realidades con criterios de
sostenibilidad, medio ambiente, equidad, inclusión social y
transparencia, a partir de un estudio profundo, que definen el modelo
de ciudad inteligente o “smart city” que perseguimos”, según
explicó el concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé
Nofuentes, quien incidió en que “las ordenanzas responden a un
modelo de equilibrio, ejerciendo la mínima presión fiscal posible y
de forma equitativa para que aporte quien más tiene con el objetivo
de que tenga más el que más lo necesita, a la vez que se asegura el
desarrollo de los programas y de los servicios municipales dirigidos
a la ciudadanía”.
En este sentido, los esfuerzos
orientados a la inclusión social se mantienen pero, además, se
refuerzan las cláusulas de contenido medioambiental. Una de las
novedades de calado es la aprobación de una Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente relativa al Alcantarillado y Vertidos a la Red
Municipal, que incide de forma sensible en los vertidos de origen
industrial, que tendrán que ser autorizados en todos los casos por
el Ayuntamiento. En la norma municipal se establecen obligaciones
como el pretratamiento de los residuos para “la
minimización de la carga contaminante
que facilite la depuración y reutilización como agua de riego”,
un extenso catálogo de vertidos prohibidos y la regulación de
sanciones muy graves, graves o leves asociadas al incumplimiento de
lo establecido en la ordenanza, que también regula vertidos de
origen doméstico o producidos por obras u otras actividades.
Además de favorecer la reutilización
segura del agua, preservar el buen funcionamiento de las redes de
alcantarillado y de evacuación de aguas pluviales, proteger los
sistemas de depuración y la seguridad e integridad de las personas,
esta medida reducirá el canon que el Ayuntamiento satisface por el
tratamiento de los vertidos.
La apuesta por la sostenibilidad se
refleja también en el capítulo de bonificaciones y exenciones
contemplados en las ordenanzas reguladoras de de los impuestos y
tasas del ayuntamiento. De esta forma, en el IBI se introduce una
bonificación del 10% en las edificaciones predominantemente
residenciales en las que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente del
sol, mientras que en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
la bonificación es el 50% para quienes en su actividad empresarial
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones de energías
renovables o sistemas de cogeneración (permiten la producción
conjunta de electricidad y energía eléctrica útil”.
En cuanto al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, la bonificación varía entre
el 30% y el 50% por instalación de energía solar para autoconsumo,
y del 90% en caso de que la actuación tenga como objetivo la mejora
de la accesibilidad para personas con diversidad funcional.
Coches eléctricos en la flota
municipal
Finalmente, en el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, se establece una bonificación del 75% de la
cuota para vehículos eléctricos o que utilicen exclusivamente
combustibles no contaminantes, como gas licuado, gas natural,
biocarburantes o hidrógeno. El resto de vehículos, con emisiones de
hasta 120g/km de CO2 tendrán una reducción de la cuota
del 30%.
En este sentido, Bartolomé Nofuentes
ha avanzado que tanto a la Empresa Pública de
Gestión de Servicios
Municipales de Quart de Poblet (Gesquart), que se pondrá en marcha
en breve, como al parque móvil municipal se van ha incorporar ya
vehículos eléctricos.
Las ordenanzas se adaptan también a
los procesos de modernización que el ayuntamiento está
implementando, como la contratación electrónica, la pasarela de
pagos, o la cuenta corriente tributaria, que permite agrupar los
recibos de vencimiento periódico y pagarlos en diez cuotas mensuales
sin intereses, medidas que contribuyen también a la sostenibilidad
al suponer un importante ahorro de papel.
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