La propuesta del Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto respecto a la ordenanza
municipal reguladora de la tasa por instalaciones desmontables de
mesas y sillas en terrazas y similares consiste en la disminución
del precio en zonas de menor valor y el aumento en las de mayor
valor, según los datos del catastro, una vez restada la subida del
“catastrazo” y teniendo en cuenta los precios de mercado de los
alquileres.
Actualmente, los
interesados pagan una tasa de 41’2 euros por metro cuadrado y año.
Por su parte, el Equipo de Gobierno propone ahora que el precio sea
de 45’33 euros por metro cuadrado y año en las zonas de más
valor; y de 36’68 euros por metro cuadrado y año en las zonas de
menos valor.
Según ha explicado la concejala de Hacienda, Teresa García: “Los
valores actuales incorporan una reducción del 8% sobre la base del
cálculo que nos permite situarnos a niveles parecidos previos al
catastrazo. Para determinar el precio se han tomado como referencia
los valores catastrales y los servicios comunales que recibe el
espacio público (alumbrado o limpieza). Sobre este precio se ha
contrarrestado el efecto catastrazo con la reducción del 8%, que es
lo que ha indicado la Dirección General, puesto que nos encontramos
en sobrevaloración en nuestra ponencia con datos actualizados. Para
comprobar este precio se ha hecho el estudio del precio del alquiler
por metro cuadrado en locales comerciales y está en la misma línea,
por lo tanto estamos ante valores justificados técnicamente”.
“La
diferencia con Valencia se da por la no actualización de los valores
catastrales en la ciudad. Además, en otras ciudades como Alaquàs la
tasa se sitúa en 30€ por m2 y año, y en Aldaia a 49 euros por m2
y año”, ha
especificado García.
Tal
y como afirma la delegada de Hacienda, de este análisis se puede
destacar: “Estamos
trabajando en el orden de magnitud correcto para el servicio que se
presta, y parecido, o incluso más barato que en ciudades medianas
como la nuestra. Así pues, no aceptamos argumentos demagógicos y
falsos como los que están utilizando interesadamente otras fuerzas
políticas. Asimismo, distinguir por zonas de valor es una medida
adecuada, porque los fines lucrativos no son los mismos en la playa o
en la Glorieta que en cualquiera otra calle”.
Por
otro lado, otra de las propuestas que se está estudiando es la
determinación de módulos de 4 m2
para facilitar la tarea de inspección, de forma que cada módulo se
corresponde a una mesa con 4 sillas. Sobre
esta propuesta, García ha remarcado dos cuestiones: “La
primera, este es el punto de partida que propuso el Partido Popular
la pasada legislatura, por lo tanto quien lo ha desarrollado fue el
anterior Equipo de Gobierno, el cual ni siquiera se planteó una
variación al respecto. Este Equipo de Gobierno está dispuesto a
estudiar, y así lo ha transmitido al resto de fuerzas políticas en
comisión, la determinación de la superficie por módulo. Se han
pedido los informes de los arquitectos correspondientes que
justifican que un módulo ocupa 4 m2, por lo tanto, nos parece de muy
mal gusto que, sobre una propuesta que se está trabajando de forma
abierta y participativa, se establezcan posiciones que no son
ciertas”.
García
ha destacado que esta propuesta está debatiéndose en comisión y
que también se hará con los sectores afectados, puesto que se
entiende que incorpora novedades y exigencias que requieren cierta
flexibilidad para su adecuación, por lo tanto “no
existe mayor carencia de participación que la de aquellos que
quieren contaminar el debate para sacar rédito político. Si esta es
la forma de participar de la Oposición tal vez habría que superar
la institución y hablar directamente con los afectados, porque en
este caso ciertos interlocutores son más bien intoxicadores”.
Hay
que recordar también que no actuar, en este caso, por parte del
Ayuntamiento, es completamente irresponsable, puesto que a día de
hoy la gran mayoría de las terrazas de la ciudad se encuentran en
situación irregular y es necesario encontrar una solución de
consenso que aporte seguridad jurídica a los usuarios, promotores y
al propio ayuntamiento. “Estamos
dispuestos a trabajar con flexibilidad, entendemos que es posible una
solución progresiva y sabemos que se trata de una actividad que
afecta a pequeños negocios que queremos apoyar. Queremos ayudarles a
que mejore la seguridad de sus actividades, sin que les cueste más.
No entendemos este ruido mediático cuando estamos hablando de
prácticamente el mismo precio para las zonas de más valor y de una
rebaja para las otras y estamos seguros que se llegará al consenso
necesario entre todas las partes, a pesar de los especialistas en
broncas que tenemos en la bancada de la oposición”.
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