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El GPP logra que el Congreso inste al Gobierno a extender las ayudas por la DANA y a crear un fondo de ayudas para indemnizar al personal local afectado por la temporalidad
El diputado del GPP Carlos Gil denuncia "la actitud incomprensible, reiterada, persistente e injustificada" del Gobierno al negar el acceso a las ayudas por la DANA a muchos municipios de la Comunidad Valenciana, que "agrupan a más de 150.000 personas a las que el Ejecutivo da la espalda"
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REDACCIÓN - 21/05/2025
Carlos Gil. EPDA
El GPP logra que el Congreso inste al Gobierno a extender las ayudas por la DANA y a crear un fondo de ayudas para indemnizar al personal local afectado por la temporalidad. El diputado popular, el valenciano Carlos Gil, denuncia “la actitud incomprensible, reiterada, persistente e injustificada” del Gobierno al negar el acceso a las ayudas por la DANA a muchos municipios de la Comunidad Valenciana, que “agrupan a más de 150.000 personas a las que el Ejecutivo da la espalda”. Por ello, insta al Ejecutivo a extender estas ayudas a más municipios para
que puedan volver a la normalidad, ya que para la mayoría resulta
prácticamente imposible sufragar los gastos de la reconstrucción. Le reprocha igualmente que tampoco “ejecutara las obras que hubieran
evitado las riadas o limpiado los cauces”.
Por su parte, el diputado del GPP Ángel Ibáñez subraya que los funcionarios
del mundo rural son claves para el funcionamiento de los pequeños y
medianos municipios, y que no abordar su temporalidad supone obligar a
muchos de los actuales interinos “a abandonar sus puestos, dejando de
nuevo a los ayuntamientos sin el personal necesario”. Critica que la falta de información por parte del ministro López sobre estos
procesos de estabilización está provocando “una profunda preocupación en
muchas corporaciones locales, que se sienten desamparadas”. Exige al Ejecutivo que habilite mecanismos de apoyo financiero que les
permitan afrontar este proceso, informe con claridad a Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos sobre los plazos y detalle la compensación por
este abuso de la temporalidad.
Por su parte, el diputado del GPP Antonio Román denuncia que 8.000
ayuntamientos españoles llevan meses reclamando la actualización de las
entregas a cuenta para el año 2025 y que se abonen las liquidaciones
definitivas correspondientes a 2023, pues “son imprescindibles para prestar
servicios esenciales a los ciudadanos”. Agrega que “para colmo, y en un nuevo giro de incoherencia, el Ejecutivo ha
decidido impedir que los consistorios puedan utilizar sus remanentes de
tesorería para realizar inversiones financieramente sostenibles en 2024”.
“Estos fondos no pertenecen al Gobierno central sino a los vecinos de cada
municipio”, remarca.