"Ante el cierre inmediato del Centro de Día de Sagunto que se producirá el próximo día 01/02/2014, y actualmente regido por la O.N.G. PROYECTO HOMBRE, empresa que después de 12 años de prestar sus servicios en esta ciudad, y ante la falta de contrato de licitación por parte de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana y habiendo caducado el actual el pasado 31/12/2013 y la deuda acumulada que asciende a más de 900000 euros, según los datos ofrecidos por la Directora de Contratación Administrativa en la reunión celebrada el día 20/01/2014,
EXPONEMOS
Que la situación de abandono en la que nos encontramos genera la incertidumbre propia de este hecho.
Que si tenemos en cuenta que las medidas a adoptar por parte de las administraciones según mandato constitucional es la de reinserción de las personas en la vida normal y que ante esta situación de abandono, dicha reinserción será muy poco probable.
Que muchas de las personas que actualmente estamos acogidos en este centro de día es la vía factible que tenemos para reincorporarnos en el mundo socio-laboral que todos deseamos.
Que teniendo en cuenta que en la actualidad y tras el cese de prestación de servicios por parte de Proyecto Hombre, los enfermos quedamos al amparo de la Unidad de Conductas Adictivas perteneciente al Area 3 de la Consellería de Sanitat más parte de L’Horta Nord (aproximadamente 300.000 personas usuarias potenciales).
Siendo que después de 12 años de prestar servicios encomiables a esta comunidad, que se ven reflejados en unos datos que dan idea de la excelente labor realizada por los profesionales que nos asisten, y que contemplan la casi total rehabilitación de todas las personas que han sido beneficiarias de su atención.
Que nos sentimos como tropa llevada al matadero ante una situación política de fuerza entre las dos instituciones de las que dependemos (Consellería y ONG). Nos usan de boomerang arrojadizo para una no cumplir con sus compromisos y otra como medida de fuerza para cobrar lo que se le adeuda. Todo esto sólo hace que reforzar la idea de sentirnos ninguneados por ambas partes.
Que el Ayuntamiento de Sagunto a través de su alcalde, D. Alfredo Castelló, se comprometió en pleno hace aproximadamente 2 años, y ante la ya amenaza de cierre que en aquel entonces se vislumbró, a de forma directa y sincera ocuparse del asunto. Cosa que como es obvia no ha realizado. Es más, en aquel pleno incluso llegó a decir que existía una persona muy allegada a él en esas dependencias y que como era de imaginar se implicaba en el tema. Falso. A día de hoy el Ayuntamiento de Sagunto no ha realizado la firma de convenio de colaboración con dicha ONG y por tanto no existe ningún tipo de vinculación entre ellos. Lo cual nos reafirma en nuestra idea de desamparo.
Y es más, ¿por qué hemos de permitir que un activo tan valioso que existe en nuestro municipio, que no sólo presta servicio a ciudadanos que residimos en el mismo, si no que abarca el Area 3 de salud, mas gente que viene buscando la esperanza de poder rehacer sus vidas desde otras poblaciones? Un activo social y terapéutico de esta valía no puede dejarse morir por culpa de un negocio que se forma a través de nosotros. Negocio sobre los sueños y esperanzas de mucha gente desahuciada por la sociedad y que aquí ha encontrado su tabla de salvación.
El Ayuntamiento de Sagunto, como entidad local que debe preservar de forma aun mas directa que ninguna otra por la salud de sus ciudadanos debe ponerse de forma inmediata manos en el asunto, realizar ¡ya! las gestiones inmediatas para solucionar este problema acuciante de sus ciudadanos y de la población en general.
No somos bichos raros que mientras no se vean no existen. No somos cucarachas detrás de las paredes. Somos personas con derechos y obligaciones, que pagamos nuestros impuestos y que queremos soluciones a problemas creados por las mismas personas que deberían velar por nosotros. Que para eso son elegidos y para eso, y según dicen, se presentan a cargos políticos. ¡¡¡¡Hagan Uds. honor a lo que posiblemente algún día les movió a presentarse a cargos públicos!!!!!
Y teniendo en cuenta que la pregunta que todos nos hacemos es porqué el Centro de Día de Sagunto es el único en que Proyecto Hombre deja de prestar sus servicios, ya que la argumentación de la empresa es que no puede mantener este servicio ante la falta de contrato de licitación y deuda contraída por la Generalitat. Y siendo así ¿esto no ocurre con el resto de centros? ¿Cómo es posible que habiendo publicado la Generalitat Valenciana su plan contra la drogodependencia hasta 2015 y dotarlo de un presupuesto de 50’4 millones de euros, no se consiga enjugar la deuda contraída y que todo esto no suceda? ¿Cómo es posible que no haya dotación presupuestaria por parte de nadie para mantener este centro operativo? ¿No les suena a todos Uds. a una guerra en que en el fuego cruzado han aniquilado a gente inocente?
Por estas razones y muchísimas más, proponemos al pelno los siguientes:
ACUERDOS
Que el centro de día de Sagunto no vea interrumpida su prestación de servicios en ningún momento. Y que si bien estos servicios ya no serán prestados por dicha ONG sea bien la Consellería de Sanitat, Ayuntamiento de Sagunto o de forma mancomunada quien/es se haga/n cargo de dicho centro, dotándolo de los medios necesarios para que dicha labora social y humanitaria no se vea mermada o interrumpida.
Los medios que se solicitan y que económicamente dicen que es la causa de la dejación de servicios, son ínfimos. Sencillamente la ubicación del centro ya existe, y solo hacen falta para que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad 3 personas como mínimo: Un psicólogo, un terapeuta y un trabajador social. Es mas, hasta la fecha solo 2 personas llevan 8 meses dotando de amor, comprensión y cariño a este centro. Y que gracias a ellos no se ha producido ya el cierre.
Exigimos a la Consellería de Sanitat cumpla con sus deudas y no deje en la cuneta una vez mas, a los ciudadanos o se haga cargo de estos enfermos con la medidas rehabilitadoras que hasta ahora han favorecido la reinserción de cientos de personas durante estos 12 años. Y no a través de las UCA, cuyos centros solo son derivadores de problemas y no solucionan los mismos.
Tengan todos presente que actualmente somos nosotros los beneficiarios de esta encomiable labor pero nadie, absolutamente nadie, está exento de que el día de mañana no tenga que ser quien precise, necesite y suplique de estos servicios, porque alguien le tienda una mano para salir del pozo en el que se encuentra. Y esa mano salvadora, esa escalera que nos lleva a la luz, la ofrece el Centro de Día dotado de profesionales implicados en esa labor. Gente específica para dichas tareas. No sirve cualquier profesional del ramo. ¡NO! Son imprescindibles profesionales específicos en dichas tareas, que con su amor, su comprensión y su pasión sean los motores de nuevas vidas.
Por estas y multitud más de razones EXIGIMOS LA INMEDIATA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DIA DE SAGUNTO".
"JOSE LUIS CHOVER LARA, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sagunto, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su debate y votación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno, mediante el Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, ha congelado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2014. Esta congelación se suma a la operada en 2012, lo que conduce a una pérdida continua de la capacidad de compra, o poder adquisitivo de los trabajadores que perciben este salario y, por extensión, de los trabajadores que reciben rentas o salarios en torno al SMI.
En nuestra historia reciente el SMI ha experimentado una continua mejora nominal. No obstante, solo aumentó su poder adquisitivo, y de forma notable, durante los años 2004 a 2009, durante los cuales se llegó a alcanzar el 42 % del salario medio del país. Desde entonces se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 5%, porcentaje que se verá incrementado si no se corrigen las decisiones tomadas para el año 2014.
Su regulación se establece en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores mediante unos indicadores socio-económicos. En atención a esos indicadores es difícil imaginar que el SMI deba perder poder adquisitivo de forma tan severa y más aún en aquellas unidades familiares donde solo hay una fuente de ingresos referenciada a dicho salario. En estos casos, la situación puede calificarse de dramática, ya que estos perceptores se encuentran en el umbral de la pobreza.
España tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea. Si lo medimos en términos de paridad de compra, el SMI en España sólo está, y muy ligeramente, por encima del de Portugal o Grecia. Esto quiere decir que, con relación a los países que lo tienen establecido con carácter general y obligatorio, España tiene un salario mínimo inferior al de países con menos renta per cápita que la nuestra.
La consecuencia directa de esta situación es el aumento de las desigualdades y el riesgo de pérdida de cohesión social que genera que miles de familias tengan tan bajos ingresos. Y este aumento de las desigualdades es hoy un fenómeno cada vez más frecuente y transversal, está afectando de lleno a la llamada clase media trabajadora que constituye la verdadera maquinaria que mueve el motor de la economía actual.
Si la disminución del SMI aumenta las desigualdades, su aumento mejora la calidad de vida de grandes capas de la población, con un impacto notable al afectar a millones de trabajadores con salarios próximos al mínimo establecido. El incremento del salario mínimo mejora las perspectivas de crecimiento económico en el corto plazo y en modo alguno supone una perturbación del mercado de trabajo o de los incentivos necesarios para trabajar. La experiencia demuestra que en España, el momento de mayores aumentos del SMI (2004-2007) coincidió con la expansión del mercado laboral y la creación de empleo, con más de 3,5 millones de empleos creados.
Muchos países en el mundo están adoptando políticas a favor del SMI. Alemania es un ejemplo reciente en Europa, donde la coalición gobernante ha decidido establecer un salario mínimo general y obligatorio relativamente elevado, sin que ello pueda tener impactos negativos en la economía.
Es evidente que la congelación del SMI tiene importantes consecuencias negativas y se aleja de los compromisos firmados por España en la Carta Social Europea. De acuerdo con estos compromisos, el salario mínimo debe estar en torno al 60% del salario medio de cada país, y en España esto no solo no ocurre, sino que, con estas medidas, nos alejamos más de ese objetivo. Acercarnos a ese compromiso permitiría reducir las desigualdades, mejorar la dignidad de las personas, aumentar la cohesión social y conseguir efectos positivos en el crecimiento económico y sostenibilidad de nuestro sistema.
El objetivo de esta propuesta de resolución es apoyar la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados propone situar de forma progresiva y en un plazo razonable, el Salario Mínimo Interprofesional en nuestro país en el 60 % del salario medio nacional, tal y como establece la Carta Social Europea.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el Pleno los siguientes
ACUERDOS
Para 2014, el SMI deberá incrementarse en un 2,5% de forma tal que incorpore el incremento de los precios previsto para este año y se recupere gradualmente la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos años.
Solicitar la modificación del artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en un doble sentido:
Añadir una nueva letra e) a su apartado 1 que contemple un nuevo indicador para la determinación del SMI, cual es, el salario medio nacional, que se sume a los ya existentes, a saber: el índice de precios al consumo, la productividad media alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Introducir un nuevo apartado 3 en el que se mandate al gobierno a que en un plazo razonable y de forma progresiva sitúe la cuantía del SMI en el equivalente al 60 % del salario medio nacional, y a que garantice que en ningún caso se produzca pérdida de su poder adquisitivo.
Dar traslado del presenta acuerdo al Ministerio de Trabajo, a la Mesa del Congreso de los Diputados y a los Portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso".
"JOSE LUIS CHOVER LARA, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento y FRANCESC FERNANDEZ CARRASCO de Sagunto, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su debate y votación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 1 de enero entró en funcionamiento el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, en el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.
El sector de la discapacidad está sufriendo una reducción inaceptable en sus prestaciones, que comenzó con el recorte en las cantidades económicas que les correspondían por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Continuó con la eliminación de un derecho consolidado, el de la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas, el llamado copago farmacéutico, que fue impuesto desde febrero de 2013 a los menores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. Y a todo esto hemos de añadir los copagos médicos y el “medicamentazo” aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Con este nuevo decreto el sr. Fabra impone un nuevo copago en los centros de día, talleres ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas destinadas a personas con discapacidad y dependientes. Esta medida dispone que la aportación de los usuarios y usuarias de los centros pueda ser de hasta el 90% de la pensión, cuando hasta ahora podía ser como máximo del 75%. Además el copago se realizará de 14 mensualidades, dos más que en 2013, cuando las personas no hacen un uso superior a los 12 meses, y finalmente los centros serán los responsables y recaudadores de este cobro.
Además asistimos al continuo incumplimiento de los pagos a las entidades que gestionan los centros y a los profesionales del sector, que lo han puesto al borde de la quiebra. A esta mala gestión y falta de voluntad política por resolver los problemas de financiación, sumamos la aprobación de estas medidas que son excluyentes y brutales. El tratamiento de las personas con discapacidad, muchas de ellos niños y niñas, ya no se decide por criterio médico, sino por la capacidad económica de las familias. Y ahora con este nuevo decreto de copago muchas familias no van a poder asumir el elevado coste de las plazas en centros y residencias; así sólo se agravarán las situaciones de desigualdad cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.
Por primera vez en 31 años las personas con discapacidad van marcha atrás, especialmente aquí. Ante este injusto retroceso, no cabe otra cosa que reclamar al gobierno valenciano la restitución de todos los derechos alcanzados. Reivindicamos pues nuestro sistema de bienestar ya que éste, además de otorgar beneficios a la ciudadanía es una inversión colectiva y de futuro, defendiendo la protección social como un derecho universal y garantizando la cobertura de los servicios.
Se han presentado varias iniciativas en las Cortes Valencianas dirigidas a la protección de los derechos consolidados de las personas con discapacidad, gravemente perjudicados por las últimas normas aprobadas por el PP. Entre otras, y con este objetivo, se presentó una Proposición de Ley en mayo de 2013 y los diputados del partido popular votaron en contra, impidiendo que prosperara.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), plataforma que representa al 95% de los más de 400.000 discapacitados de la Comunitat, denuncia que el nuevo copago genera un empobrecimiento de las personas con discapacidad y va frontalmente en contra de los derechos humanos y de la promoción de la autonomía personal, es más se está poniendo en peligro la dignidad de las personas atendidas, los puestos de trabajo, la supervivencia de muchos centros y la sostenibilidad del sistema de servicios sociales, en el que las familias ya participaban, pero en cantidades asumibles, aproximadamente en un 30% del coste del servicio.
Dado que muchos de estos centros son de titularidad municipal, los ayuntamientos van a tener que aplicar este decreto, con lo que una vez más, la Generalitat Valenciana traslada a los municipios, una problemática que afectará a miles de personas, en este caso a las más vulnerables
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el Pleno los siguientes
ACUERDOS
Respaldar las peticiones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Solicitar al Consell la inmediata derogación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto.
Dar traslado a los Síndicos de los grupos parlamentarios en la Cortes Valencianas, al Consell y al Presidente de la Generalitat".