Francisco Adán y Albert Llueca.Francisco Adán
Jueces
y fiscales se han plantado en contra la politización
de la justicia y la falta de medios. Está muy bien eso porque,
ciertamente, la
justicia necesita más ingresos, más medios técnicos y
personales y , sobre
todo, una menor burocratización judicial.
Los
abogados también formamos parte de la biosfera jurídica,
claro que no podemos hacer huelga en sentido estricto y
tampoco obtuvimos mucho
apoyo de los jueces y fiscales cuando hicimos las
movilizaciones. Esta falta de
solidaridad dificultan enormemente las reivindicaciones y
facilita que la
Justicia siga siendo el hijo abandonado del Estado ( social y
de derecho).
En
las últimas noticias aún flota la renuncia de Marchena a
presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder
Judicial habida
cuenta del torpe e injustificable whatsapp del senador del PP
, Coisidó, diciendo
que “controlaban “ la Sala Segunda del TS. La indecencia de
esta situación
debiera provocar su dimisión ( a ver qué análisis ideológico
hacen de mi tras
este párrafo).
Pero
el WhatsApp no es, en si mismo, lo perverso, ese
mensaje sólo saca a la luz una verdad que se conoce ya: la
voluntad del poder
político de cargarse el Estado de Derecho y de usar las
herramientas del poder
para hacer desvanecer la división de poderes.
Cuando
los padres de la Constitución establecieron que parte
de los integrantes del Constitucional y del CGPJ fueran
elegidos por los
partidos políticos, lo hicieron pensando en evitar la
endogamia dentro del sistema
judicial y de la función de control y equilibrio entre los
tres poderes,
confiando en el saber hacer de los políticos y en la
independencia y
profesionalidad de los jueces. Lo primero ya sabemos que no ha
funcionado, lo
segundo va por jueces aunque no hemos de olvidar que destacan
dos asociaciones
de jueces en las que, ellos mismos, se han auto etiquetado
como “progresistas”
y “conservadores”.
Albert Llueca
Està setmana hem
estat en un nou laberint judicial. Com publicava La
Vanguardia “PSOE y PP pactan pese a su hostilidad los
nombres del nuevo Poder Judicial” una hostilitat que
no fa més que reforçar
la idea de que en l’estat espanyol no hi ha una separació de
poders real.
El principi
polític segons el qual les funcions legislativa, judicial i
executiva de
l'Estat han d'estar separades, com a poders independents,
perquè puga
establir-se un sistema de controls i equilibris que limite
les facultats del
govern i protegisca els drets individuals, si una separació
de poders com Déu
mana.
Però este
laberint no haguera sigut el mateix sense dos protagonistes,
tres, molt
especials Marchena, Cosidó i Casado.
A Marchena pareix
que l’han ficat en l’ull de l’huracà i ell soles es va
borrar a última hora “Jamás he concebido el ejercicio de
la
función jurisdiccional como un instrumento al servicio de
una u otra opción
política para controlar el desenlace de un proceso penal”,
en el all estava
segur. L’altre Pablo Casado que empra amb Cosidó el 'modus
operandi' de
Cospedal, el no però si en diferido, després
de que ell (El País) “admite el mensaje de WhatsApp en el
que presume de un
futuro control del PP sobre el Supremo” estos polèmics
whatsapps després de
fer-se públics aquests, el portaveu del PP va eixir a
demanar “disculpes” pel
llenguatge “inadequat”. I va afirmar que se li hi havia
malinterpretat perquè
“en cap cas” s'estava parlant de “un intent de control” del
poder judicial. Ell
assegura que es referia a Manuel Marchena a qui li
reconeixia “una autoritat
moral” per a garantir la independència del Tribunal a més de
“un reconegut
prestigi” que, al seu judici, podia ajudar al fet que les
decisions foren el
més consensuades possibles.
El laberint i el
minotaure.
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