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MASSAMAGRELL

El PSPV de Massamagrell denuncia a dos concejales del PP por presunta malversación de caudales públicos

Adjuntan tres expedientes con un montante de dinero "supuestamente malversado" por valor de 40.000 euros
REDACCIÓN - 27/03/2019
Paco Gómez, ante la Ciudad de la Justicia. EPDA Paco Gómez, ante la Ciudad de la Justicia. EPDA

En la mañana de ayer martes 26 de marzo, el primer Teniente Alcalde en el Ayuntamiento de Massamagrell, el socialista Paco Gómez, se personaba en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia para poner en conocimiento de la misma, una denuncia contra dos Concejales del PP de Massamagrell, Miguel Bailach, Portavoz del Grupo Popular y candidato autonómico en las próximas elecciones autonómicas, y José Joaquín Quintanilla, concejal, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal en el desarrollo de la última legislatura antes del cambio de gobierno en Massamagrell.

En la denuncia que presenta a Fiscalía el Portavoz Socialista Paco Gómez adjunta 3 expedientes con un montante de dinero "supuestamente malversado" por valor de 40.000€. Estos expedientes son:

1- El contrato de suministro de una carretilla elevadora por un montante cercano a los 15.000€ (hechos estos ya publicados en prensa en octubre de 2015), donde se adjudicaba la compra de una máquina elevadora a una empresa en la que su objeto social no acreditaba la compraventa de vehículos, y después de adquirir esta días después de ofrecérselo al ayuntamiento.

2- El contrato de designación de letrado en asistencia jurídica al propio Miguel Bailach y al anterior jefe de la policía local, por un coste de cerca de 18.000€, donde no se observa en el procedimiento ni la necesidad, ni porque organismo se ha tramitado la contratación del expediente, ni el procedimiento administrativo seguido.

3-El contrato menor de servicios jurídicos para la defensa del Ayuntamiento contra la denegación de la homologación de un "curso de detección de drogas en conducción", dictada por la Secretaría Autonómica de Gobernación. Un curso del IVASPE que era gratuito, y por el que se acabó pagando por la contratación de un despacho de abogados para presentar un recurso por la denegación de la homologación del "curso de detención de drogas en el ejercicio de la conducción", siendo el principal motivo la falta de capacitación del docente (el jefe de policía local). Los propios informes de contratación exponen las irregularidades cometidas, por un curso que repetimos, era gratuito.

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