Cerrar

Y además...

Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios y mejorar su experiencia de como usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies pulsando aquí.

Entendido

Cerrar

Edición Alicante Edición Castellón Edición Valencia DANA Comunitat Cultura Deportes En valencià Opinión Sucesos TV

Secciones |

Registro

Acceso

| Síguenos en |

Boletín diario

Iniciar búsqueda

Cerrar

Estás en: EPDA

tribunales

TRIBUNALES

El sumario del caso Azud revela que Rafael Blasco pudo cobrar una mordida de 600.000 euros

Los investigadores de la Guardia Civil dieron con su nombre y DNI al pedir información a Suiza sobre varias cuentas bancarias

La Guardia Civil concluye que Montoro situó a Blasco como su socio e hizo constar en el informe de apertura de la cuenta bancaria que en la misma no existían personas expuestas políticamente (PEP), a pesar de que cuando se abrió la cuenta y cuando se realizó la transferencia de 600.000 euros Blasco era conselller de Solidaridad y Ciudadanía, cargo que ostentó entre junio de 2007 y junio de 2011

REDACCIÓN - 26/09/2024

Rafael Blasco en una foto de archivo. /EPDA

El sumario del caso Azud ha revelado que el exconseller Rafael Blasco, condenado en varias ocasiones por el desvío de fondos que debían haberse invertido en cooperación internacional, también pudo haber cobrado una comisión ilícita de 600.000 euros en enero de 2008 por parte de una promotora inmobiliaria investigado en el caso Azud.

Los investigadores de la Guardia Civil dieron con su nombre y DNI al pedir información a Suiza sobre varias cuentas bancarias operadas por los investigados en el caso Azud.

En un informe remitido al Juzgado de Instrucción 13 en julio del año pasado, la UCO advierte que el exconseller Blasco pudo ser beneficiario de otra trama corrupta.

La pista saltó al investigar a la mercantil panameña Edinboro Investments y los productos bancarios del promotor Miguel Montoro (ya fallecido) y sus hijos, algunos de los cuales están investigados en esta macrocausa.

El rastro de esta empresa se siguió al detectar que había realizado pagos, "posiblemente comisiones ilícitas", según hace constar la UCO en el referido informe, al ex vicealcalde de València y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau, a través de las cuentas de una de sus hijas.

En estas pesquisas se averiguó que entre 2004 y 2013 Edinboro fue titular de una cuenta bancaria en el banco UBP con domicilio en Ginebra (Suiza) en la que tenían firma autorizada Miguel Montoro y sus hijos.

Desde esa cuenta se ordenaron, entre 2006 y 2008 tres transferencias por un importe total de 210.000 euros a una cuenta de JP Morgan en Estados Unidos a nombre de Kent Lawrence Baker -yerno de Alfonso Grau- y María Ángeles Grau.

Además de estas transferencias, el 8 de enero de 2008 se ordenó telefónicamente otra por importe de 600.000 euros a una cuenta bancaria titulada por otra sociedad panameña denominada Jagat en Banque Pasche de Ginebra.

Esa mercantil Jagat había sido constituida días antes, el 27 de enero de 2007.

Las autoridades suizas informaron a la Guardia Civil de que quienes tenían firma autorizada en la cuenta que recibió esos 600.000 euros eran Miguel Montoro y el entonces conseller Rafael Blasco, y remitieron a la Guardia Civil incluso el DNI de Blasco, cuya copia conservaba el banco de aquellos trámites.

También remitieron una nota manuscrita sobre los motivos y finalidad de apertura de esa cuenta en la que el personal del banco (Banque Pasche) hizo constar que el cliente (Montoro) abría una nueva sociedad que también sería administrada por "uno de sus asociados, que tendría poder notarial sobre la cuenta", y que la empresa "recibiría fondos de negocios que ambos tenían en común".

Esta cuenta fue cerrada en julio de 2012 por Montoro y sus activos transferidos a la cuenta de Edinboro, unos hechos que los investigadores de la UCO relacionan con la imputación de Blasco en el caso Cooperación, un proceso que se inició el 29 de junio de 2012 con la elevación de consultas al TSJ por parte del juez instructor.

El pasado 13 de septiembre, tras levantar el secreto de estas actuaciones, la magistrada instructora, Pepa Tarodo, ordenó que se remitiesen los resultados de esta investigación "a los órganos judiciales competentes a los efectos oportunos", es decir, para que determinen si el exconseller podría ser de nuevo investigado por estos hechos supuestamente delictivos.

Comparte la noticia