Un negocio hostelero de la Comunitat Valenciana. EFE Los hosteleros valencianos han mostrado hoy su
satisfacción por el hecho de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, haya admitido
a trámite el recurso que han presentado contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “por la que se establecen medidas
excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia
del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”.
Para Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, entidad que ha presentado el recurso, la
resolución de la Generalitat “es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses
del colectivo de hosteleros y restauradores”.
La resolución aprobada por Sanitat Universal
ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos
de hostelería y restauración de la Comunidad Valenciana” y el hecho de que el TSJCV haya
admitido a trámite el recurso supone “un balón de oxígeno para los hosteleros ya que
existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de
reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco”.
Para Fidel Molina la
concesión de la medida cautelar es fundamental para evitar “graves y perjudiciales
consecuencias para los administrados”. El líder de los hosteleros valencianos considera que
la Consejera de Sanidad “no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados
tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué
el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de
ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales”. Según la
demanda presentada por SOS Hostelería, “estos cuestionamientos ponen de manifiesto el
criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se
impugna”.
En opinión de Fidel Molina, la disposición impugnada “afecta directamente no sólo a
derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente
intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. La demanda que presentó SOS
Hostelería a través de Romero & Llodrá, señala que “el concienzudo informe de evaluación
y seguimiento de la situación por la pandemia COVID-19 en la Comunitat Valenciana de
fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología,
Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado
por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la
Resolución ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la
situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u
objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en
contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes
superficies y centros comerciales”.
Los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los
términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución “carece de justificación, no siendo
ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el
test o juicio de proporcionalidad”. En relación al impacto de la situación sanitaria en la
actividad económica y social en la Comunidad Valenciana, de los informes técnicos a los
que hace referencia la “Resolución”, se desprende que el origen del incremento en los
contagios en las últimas semanas deriva principalmente de contagios producidos en el
ámbito social o familiar en reuniones como las llevadas a cabo con motivo de las últimas
fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares.
En este sentido, Fidel
Molina argumenta que “ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar
el sector de la hostelería en nuestra Comunidad. Máxime teniendo en cuenta las estrictas
medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a
acordarse el cierre de la actividad del mismo”, ha señalado Molina.
En opinión de los hosteleros, “la imposición del cierre de la actividad hostelera supone la
privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del
ejercicio de la libertad de empresa, a un sector tan amplio y significativo en nuestra
Comunidad como son la restauración y la hostelería, por lo que, teniendo en cuenta el
carácter extraordinario y especial que supone el cierre total de empresas y la suspensión de
éstas actividades, así como las implicaciones que las medidas suponen, desde un punto de
vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico, la Resolución debería haber
abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el
mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las
que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas”, ha concluído Molina.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia