La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado, con fecha 4 de octubre de 2016, sentencia
por la que desestima el recurso de suplicación presentado por el
Ayuntamiento de Sagunto contra el fallo del Juzgado de lo Social
número 5 de Valencia, de fecha 25 de mayo, en el que se estimaba la
demanda presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social y
se reconocía que la relación de servicios que unía a los
profesores y monitores de la Universitat Popular, contratados por la
vía administrativa para el curso 2012-2013, era de naturaleza
laboral.
La
actuación origen de la Sentencia mencionada se deriva de la
contratación administrativa para actividades docentes de los
profesores y monitores de la Universitat Popular para el curso
2012/2013, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre
de 2012. Hasta ese año el Ayuntamiento de Sagunto venía contratando
a los trabajadores directamente, mediante contrato laboral, si bien a
la vista de la prohibición de incorporar nuevo personal contenida en
la Ley de Presupuestos para el año en cuestión, que sólo
exceptuaba supuestos excepcionales restringido a sectores
prioritarios o que afectaran a los servicios públicos esenciales, el
anterior equipo de gobierno decidió cambiar de criterio y contratar
administrativamente el servicio al amparo del artículo 304 del Real
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y un
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
respaldaba esa alternativa.
No obstante lo anterior,
tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social como la del TSJ,
concluyen que en la prestación del servicio por los profesores y
monitores de la Universitat Popular objeto de la controversia,
concurren las notas típicas de laboralidad previstas en el artículo
1.1 del Estatuto de los trabajadores, y ello sin perjuicio de lo
dispuesto por las normas presupuestarias que "lo que establecen es
la contención del gasto en un momento de crisis económica, pero no
sirven para modificar la naturaleza jurídica de una relación para
ahorrar costes sociales en perjuicio de los derechos laborales y de
seguridad social"; y con independencia de que los servicios
no tengan la consideración de esenciales conforme al artículo 26 de
la Ley de Bases de Régimen Local. En atención al fallo, el
Ayuntamiento de Sagunto deberá proceder a ingresar las cuotas a la
Seguridad Social del personal que prestó servicios para la
Universitat Popular en el curso en cuestión. Cuotas que rondan la
cuantía de 64.000 €.
Cabe recordar que el
actual equipo de gobierno apostó desde el curso pasado (2015-2016)
prestar el servicio nuevamente por gestión directa.
El concejal de Personal, Sergio Moreno, ha resaltado: "Como ya
manifestamos en su día los grupos de la oposición, los sindicatos,
las trabajadoras y trabajadores y el conjunto de la ciudadanía, el
gobierno del Partido Popular en el año 2012 decidió contratar a
los profesores de la UP de una forma que no procedía, el primer año
gracias a algunos informes y al plan de racionalización
presupuestaria, podría ser ¨justificada de cierta forma¨ su
decisión, pero no los siguientes, donde la Seguridad Social dijo
claramente: “si el Ayuntamiento quería seguir prestando el
servicio debía de hacerlo de manera directa” a lo que el Partido
Popular hizo oídos sordos.
La mala gestión del Partido Popular
y su afán de privatizar servicios nos va a costar a los ciudadanos
unos 64.000 € del primer curso a los que muy probablemente habrá
que añadir 2 cursos más donde estaríamos hablando de más de
240.000 €; hasta que el actual gobierno decidió el año pasado
gestionar de manera directa a través de una bolsa, dando la
oportunidad a todo el mundo como debe ser y así lo ha ratificado el
TSJ.
El actual equipo de gobierno hemos
apostado por la gestión directa de los servicios públicos como ya
hemos hecho además de la UP, con el servicio de salvamento de
playas, la Escola d´Estiu o el Campus Delfin, ya que creemos que son
más eficientes y con mayores garantías para las trabajadoras y
trabajadores".
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