Ana Cebrián. /EPDASu recorrido político en la Comunitat Valenciana ha sido cuanto menos anómalo. Fue consellera de Agricultura y Medio Ambiente pero no repitió. Ahora vuelve casi a la primera línea como Secretaria Autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento. ¿Se arrepiente de haber salido del Consell?
No me arrepiento. Mi entrada como consellera en 2015 tuvo unas circunstancias muy particulares, ya que siempre he mantenido mi calidad de independiente. Sabía que era algo temporal. Luego volví a Madrid y más tarde regresé a Valencia y a la Generalitat en calidad de funcionaria. Ahora he aceptado volver a esta segunda línea, pero sabiendo que estoy en Presidencia. Son todo etapas y experiencias que aportan. Ahora asumo de nuevo el compromiso, sabiendo que esto no es una conselleria, que era algo mucho más grande. Pero en un área muy bonita y en una temática que conozco.
¿Le gustaría seguir en este segundo plano o estaría dispuesta a volver a esta primera línea si se lo pidieran?
Bueno eso ya se vería. Como dicen los ingleses, cuando lleguemos a ese río ya estudiaremos como cruzarlo. Estar en primera línea es una exigencia profesional y personal muy grande y hay que valorarlo todo en el contexto de cada momento.
Entre 2015 y 2019 entró a formar parte del Botànic como independiente pero por la cuota de Compromís. Ahora, sin embargo, vuelve de la mano del PSPV aunque creo que sin militar en ninguna formación. ¿Dónde debemos ubicarla ideológicamente?
Sigo como independiente y me ubico ideológicamente en el Botànic: un proyecto de izquierdas, de progresismo, de poner a las personas en el centro de las políticas, de cohesión y justicia social y territorial. El Botànic ha sabido, desde el primer momento, integrar a personas que vienen con un perfil más técnico y que vienen de una experiencia, en determinados puestos, que refrendan estas responsabilidades. Ahí me siento cómoda. Por eso me sumo, más que a Presidencia, al Botànic. Es una cuestión de lealtad.
Su paso por el Ministerio de Transición Ecológica, abordando el Reto Demográfico, fue bastante corta. ¿Qué sensación se lleva de su paso por el Ministerio?
2020 fue un año peculiar y triste, por la irrupción de la pandemia, cuando yo me acababa de incorporar a aquella responsabilidad. Fue difícil, pero me encargué de montar la estructura administrativa y organizativa de la Secretaria General y la arquitectura institucional del Reto Demográfico. Hicimos lo que pudimos en unas circunstancias muy complicadas y por esta situación, personalmente y profesionalmente, sentía la necesidad de volver a Valencia. Fue una experiencia muy buena y positiva, pero muy dura por las circunstancias que le rodeaban. No obstante, me ha valido para tener un conocimiento solido y amplio del Reto Demográfico que es más que solo la despoblación, sino también el envejecimiento y los efectos de la población flotante.
El contexto social sobre la despoblación es acuciante, pero parece un problema externo a la Comunitat Valenciana y más ligado a las Castillas o Aragón. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí?
Es cierto que al comparar, en promedio, con otras autonomías los datos genéricos parecen indicar esto. Pero lo que ocurre en la Comunitat Valenciana es que tenemos una dualidad muy marcada entre la costa y el interior, tanto en términos demográficos como económicos. Las comarcas de interior, sobre todo en Castellón, pero también en el interior de Valencia y zonas de Alicante, padecen esas tendencias y llegan también a esos índices demográficos que describen una situación de zonas despobladas, perdiendo población y la que queda está muy envejecida. Todo ello, sumado a unos déficits en provisión de servicios que se deben atender. Son territorios en los que hay que dar oportunidades de progreso y de calidad de vida. Ese es el enfoque que tenemos que dar más allá de los datos y los indicadores cuantitativos. Es una cuestión de cohesión de nuestro territorio, y de que todos tengamos las mismas oportunidades y derechos independientemente de donde vivamos.
Sorprende la creación de una Secretaría Autonómica para abordar este problema casi al final de la legislatura. ¿Es una estrategia política para que no se creen partidos como ‘Teruel Existe’ o ‘Soria Ya’? Los cuales se nutren, sobre todo, de los partidos de izquierda.
Independientemente del momento de la creación de esta Secretaría Autonómica es preciso recordar que ya desde 2017 se constituyó la Comisión Interdepartamental para trasladar esa visión transversal a todas las políticas del Consell, que debían incidir positivamente en las zonas despobladas de la Comunitat Valenciana. Después se creó una Dirección General específica y se ha trabajado para reforzar la capacidad financiera especialmente de los municipios más pequeños. Esto es una línea en progresión, para reforzar institucionalmente un trabajo que ya había, en el contexto de una Secretaría Autonómica y con un cometido claro que es elaborar una ley. Este es el encargo específico. Sobre los partidos, generados a través de los movimientos civiles, que se están manifestando tras las elecciones de Castilla y León, la realidad en la Comunitat Valenciana es muy diferente. El ejemplo de Soria es clave. En Castilla y León la despoblación afecta también a las capitales, rompiendo toda la estructura social de los pueblos medianos o muy pequeños de toda la provincia. En cualquier caso, lo que están indicando es que hay una reivindicación y necesidades, y esto se tiene que responder desde la política.
Se lleva trabajando en despoblación desde la anterior legislatura en la que estuvo dentro del consell. ¿Qué avances puedes destacar desde entonces?
Focalizamos en cada conselleria qué actuaciones se podían llevar a cabo enfocadas sobre los territorios que tienen esta situación, para dar solución a las necesidades de estas personas, desde el punto de vista de Sanidad o de Educación. También hemos llevado a cabo actuaciones para evitar la exclusión financiera potenciando la apertura de cajeros, la estrategia 20/30 donde se analiza con una visión transversal y a largo plazo las actuaciones a realizar y se han reforzado las capacidades financieras para los municipios AVANT (que responden a esa calificación por criterios demográficos y perdida de población). Se ha puesto en marcha la ruta 99, el programa REVIU e ITINERANT o las ayudas que se están montando para el transporte a demanda, también las políticas de vivienda... Son muchas acciones y lo importante es esa voluntad. Se han venido haciendo cosas y ahora vamos a ampliarlas y a consolidarlas en una ley.
¿En qué punto se encuentra esa Ley Valenciana contra el Despoblamiento? ¿Qué va a suponer?
El compromiso es que esté terminada este año. Ya hay bastante avanzado, con una estrategia, y el trabajo participativo con alcaldes y alcaldesas, equipos municipales, asociaciones... todo eso ha de ir confluyendo en una ley. Lo que pretendemos es que la legislación lo consolide y le de una continuidad para garantizar derechos y que podamos reflejar y mantener en esa ley los resultados de esta política.
Los municipios en zonas despobladas demandan deslocalizar instituciones públicas llevándolas a estas áreas. ¿Esto es viable?
Es viable y de hecho es una de las líneas de trabajo que se debe reforzar. Queremos acercar la administración a la ciudadanía, especialmente en las poblaciones más remotas, analizando cada uno en su área política. No es lo mismo hablar de Educación, Sanidad o Justicia,en el que estamos trabajando en el servicio de Justicia Próxima. Por eso es muy importante, que los ayuntamientos tengan ese refuerzo.
¿Y crear parques industriales en estas zonas?
Este tema es muy importante también. Hemos visto con la pandemia cómo se reveló la necesidad de reindustrializar muchas de nuestras actividades. Hemos perdido capacidad industrial y productiva. Los Fondos Next Generation van muy dirigidos a esto. No podemos renunciar a que hayan nuevas oportunidades de negocio, empresa e industrialización en comarcas de interior.
¿Qué papel van a jugar estos fondos europeos en esta estrategia de despoblación?
El contexto de los Fondos de Recuperación, articulados a través del Plan España PUEDE, viene establecido por convocatorias o asignaciones de fondos marcadas por los Ministerios, y están muy acotados en los tipos de convocatorias. Lo que estamos haciendo es apoyar a los Ayuntamientos, las empresas y personas que viven en estas zonas para que puedan aprovechar estas oportunidades que comportan una gestión bastante pesada y exigente. Trabajamos, por tanto, para que estos fondos lleguen y lleguen mejor.
¿Cómo valora la acogida tras este primer mes desde que se lanzó la Ruta 99?
Está teniendo una acogida muy positiva. Hay un interés turístico, muy popular entre ciclistas y personal extranjero. La virtud que tiene este plan es que se visualice que tenemos esos pueblos pequeños donde hay mucha gente luchando por mantener su ayuntamiento, sus fiestas, sus costumbres, su entorno y sus casas. Se trata de ver que no por ser pequeños, sé es menos o se está deprimido.
¿Qué papel pueden jugar las energías renovables en la lucha contra la despoblación? Porque hemos visto diferentes proyectos como la MAT Morella-Almassora o las macroplantas fotovoltaicas como Magda en Les Coves de Vinaromà y Benlloc que han generado cierta crítica social, por el impacto paisajístico. ¿Son una buena herramienta para invertir esta realidad social o puede acabar siendo peor el remedio que la enfermedad?
Es muy importante fijarse en que es una cuestión de escala y de como se articulan estas instalaciones, que juegan un papel necesario que todos necesitamos como sociedad, en ese avance hacia las energías renovables. Pero la escala y el tipo de instalación es muy importante. Hay que ver cómo afecta al territorio y quién se beneficia o a donde se traslada ese beneficio. Energías renovables sí, pero con control, limites y sujetos a la normativa que ya existe evitando que se perjudique paisajes, terrenos agrícolas o zonas protegidas por su valor natural. Para que eso tenga un efecto positivo en el territorio los beneficios tienen que quedar en la localidad. Si un territorio tiene las instalaciones tiene que notarse en terminos de empleo y de protección de su entorno. Estos proyectos se deben hacer atendiendo a estos condicionantes y a lo que las poblaciones quieren y están reivindicando. Esto demuestra que los pueblos tienen vida y la Generalitat está escuchando y está adaptando sus planteamientos sobre esto.
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