El Estado
Español está formado por 504.645 km2, repartidos entre Europa y
África. Sí, aunque a algunos les suene mal, Canarias, Ceuta y Melilla y un gran
número de islas e islotes son geográficamente pertenecientes al continente
africano. Las islas
Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, las islas
Alhucemas y la isla
de Perejil son también España, pese a estar
situadas a pocos metros de las playas de Marruecos.
En los últimos días han llegado hasta la Isla de Tierra (Islas Alhucemas) cerca
de un centenar de personas subsaharianas. Las mafias que se dedican al tráfico
de seres humanos han descubierto esta nueva ruta, han descubierto que España no
es solo la Península. Allí han
permanecido los inmigrantes a la espera de que los gobiernos de Madrid y Rabat
buscaran una solución para ellos, hasta que han decidido repartírselos, de
manera un grupo de privilegiados (mujeres
embarazadas y niños) podrán llegar hasta la Península, donde se les aplicará la
Ley, y a los niños que nazcan, si no se puede determinar la nacionalidad de la
madre, se les dará la nacionalidad española y tendrán suerte si no acaban en un
Centro de Internamiento de Extranjeros en unas condiciones a veces infrahumanas.
El resto de “sin papeles” que habitaron
durante días la Isla de Tierra se les ha confiado
al gobierno marroquí quien los abandonará en un punto intermedio de la frontera
de Marruecos con Argelia. Abandonados, a su suerte.
El objetivo del Gobierno de España, según el Ministro de Exteriores
García-Margallo, era evitar que las mafias empezaran a usar esta nueva puerta
de entrada a España y a Europa, dejando claro con esta expulsión de inmigrantes
que no iba a permitir la entrada de ningún ilegal a través de estas pequeñas
islas. No obstante, permítanme dudar de la legalidad, de la efectividad y de la
humanidad de la actitud del Gobierno español.
En un primer lugar, no aplicando la Ley española que
prevé que para ser expulsado de España en grupo, como se ha hecho en este caso,
en el que se requiere de un proceso en el que el inmigrante esté asistido
legalmente y en el que se determine que no huye de ningún conflicto bélico, el
Gobierno de España ha puesto en entre dicho la soberanía de estos islotes, que
a menudo es reclamada por Marruecos, pues, si en ellos no se aplica la Ley
española ¿porqué iban a ser España? ¿Sería posible que se dejara de aplicar la
Ley española en la Isla de Menorca? ¿Y
en Burgos? Se ha sentado un precedente
creando inseguridad jurídica, algo que un Estado jamás debería de provocar. Sin
mencionar los tratados que se hayan podido vulnerar.
Vivimos en un país que no aplica la Ley y permite que expulsen a
personas en medio del desierto del Sáhara sin ninguna garantía jurídica previa,
pese a haber penetrado en territorio español, pero cuando se puede elegir entre
liberar o no liberar a un etarra asesino, como el reciente caso de
UribetxeberriaBolinaga, asesino y secuestrador, dice que
no liberarlo sería prevaricar alegando, ahora sí, razones humanitarias. Para
abandonar a personas en medio del desierto solo por ansiar una vida mejor sí
son valientes, para hacer cumplir las sentencias de los presos etarras no.
Permítanme dudar de la efectividad de estas medidas, pues
que va a estar haciendo el Gobierno de España conforme vayan llegando más
inmigrantes a estas islas ¿seguir incumpliendo la Ley? ¿Será una puerta de
entrada solo para mujeres y niños?
Estoy de acuerdo con que no debemos permitir que se convierta en una nueva ruta
para hacer negocio con las personas,
pero tampoco podemos comprometer la legalidad para ello, hemos de
utilizar los instrumentos jurídicos a nuestro alcance. No sé si habrá que desplegar
un pequeño contingente militar o habrá que colaborar con Marruecos para
reforzar la vigilancia en la zona, pero desde luego lo que no puede permitirse
España, ni ningún país del mundo, es vulnerar los más elementales derechos de
las personas, porque expulsar en masa, sin ninguna garantía legal y dejar
abandonadas a su suerte en medio del desierto a las personas es poner en serio
peligro el derecho a la vida.
No podemos normalizar que por haber nacido en Gambia, Burundi o Camerún se esté condenado a una vida de sufrimiento.
Porque, si fuera mi caso, me faltarían manos y uñas para intentar tener una
vida mejor.
Legalidad, efectividad y sobre todo humanidad.
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