Las Plataformas de
Valencia, Castellón y Alicante en defensa de la Ley de Dependencia
(Lley 39/2006 de autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia de la Comunidad Valenciana),
formadas por personas en situación de dependencia junto con
sus familias, profesionales y ciudadanos/as que los apoyan, vienen
manifestando su indignación ante lo que consideran “mala gestión”
en la aplicación y desarrollo normativo y presupuestario que viene
realizando la Consellería de Justicia y Bienestar Social y la
Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia.
Estas plataformas
firmaron un manifiesto donde declaraban “políticamente
responsables” al presidente de la Generalitat Valenciana y al
Conseller de Justicia y Bienestar Social de no tomar “medidas
urgentes para poner a la Comunidad Valenciana en el lugar que se
merece dentro de las CC.AA. del Estado Español” en cuanto a la
aplicación efectiva de la Ley de Dependencia. Acertadamente, el
manifiesto hacía referencia a que el País Valencià se encuentra a
la cola, junto a las Islas Canarias, en lo que respecta al desarrollo
y aplicación de la ley, una situación confirmada por los datos del
sistema informático para gestionar los datos relativos al Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD)
Esta Indignación sobre
el desarrollo de los Servicios Sociales y la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de
dependencia, se ha intensificado como consecuencia de las últimas
declaraciones del futuro presidente del gobierno Mariano Rajoy,
declarando de que “la ley de dependencia no es viable”, dejando
entrever las intenciones del Gobierno del Partido Popular.
Desde Esquerra Unida
entendemos que considerar inviable la protección de las personas en
situación de dependencia que la Ley reconoce como derecho, supondría
un paso atrás en el concepto constitucional de Estado Social y
Democrático de Derecho, dejando en manos de las iniciativas
caritativas un derecho fundamental y que afectaría a cerca de
200.000 puestos de trabajo.
Las
Plataformas en defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a
la Dependencia (LAPAD) de la Comunitat Valenciana, junto con la
Coordinadora Estatal de Plataformas, han consideramos un desacierto
las valoraciones realizadas por Rajoy según las cuales no es viable
desde un punto de vista económico el sistema de atención a las
personas en situación de dependencia. La ley de la Dependencia es un
derecho subjetivo y universal han declarado, de la misma manera que
lo es el derecho a la educación o la sanidad.
Desde Esquerra Unida
hemos manifestado en otras ocasiones, el retraso importante que el
Estado Español tiene con respecto a otros países europeos en lo
que hace referencia a la protección social, por ello queremos
solidarizarnos con esta causa que entendemos como propia en la medida
que trabajamos por la aplicación efectiva de la ley de dependencia
aprobada por las Cortes Generales.
Por ello, desde Esquerra
Unida presentamos la siguiente propuesta de acuerdo: Resolver los
Programas Individuales de Atención (PIA), reconociendo de oficio, la
retroactividad correspondiente para las solicitudes previas al 1 de
junio de 2010 como marca la ley.
Adjudicar de forma
urgente la prestación económica o el servicio aprobado en la
resolución del PIA a todo el beneficiario de la ley de dependencia
con derechos reconocidos.
Limitar a tres meses
el periodo para recibir la prestación económica o el servicio, como
marca la ley y la normativa aprobada, en beneficio de todas aquellas
personas que tienen el derecho reconocido por la resolución del
dictamen de grado y nivel pero están a la espera de la resolución
de su PIA.
Liberar urgentemente
los créditos necesarios para atender el pago de las prestaciones
económicas de los meses impagados.
Mediante la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, adquirir el compromiso de
pagar, en los primeros cinco días de cada mes, las prestaciones
económicas o los servicios de mes anterior vencido, contribuyendo
así a la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad de las personas
afectadas (dependientes, familiares, cuidadores, profesionales del
sector, etc.).
Aprobar urgentemente
la normativa y desarrollo de medidas relativas a la prevención,
dependencia y promoción de la autonomía personal, el servicio de
ayuda a domicilio y la figura del asistente personal para los grandes
dependientes.
Desarrollar el
Catálogo de Servicios y crear una Red Pública de Atención a la
Dependencia, que permita la coordinación, coherencia y
sostenibilidad del Sistema Valenciano de Dependencia.
Eliminar la Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA) e integrar los servicios
de dependencia en la Red de Servicios Sociales de Base de gestión
directa.
Garantizar la
participación efectiva de todos los agentes asociados y
organizaciones implicadas en la anunciada Ley de Servicios Sociales.
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