Indignado pero menos

Carlos Gil.

Que la Justicia sea noticia, no es una buena noticia. Cuando, en los tiempos que corren, un fallo del Tribunal Supremo sea apertura en los noticiarios durante quince días y genere uno de los mayores chascos que recuerda la opinión pública en los últimos años, es un claro presagio de que algo no funciona bien en nuestro sistema democrático.

El asunto de los impuestos de las hipotecas ha llegado a generar uno de los mayores ridículos recientes de la Justicia española. Que el Tribunal Supremo emita una sentencia, que al minuto la retire para volverla a analizar (digo yo, ¿qué habrían hecho hasta entonces?) y vuelva a sacarla, quince días después, en sentido totalmente contrario, es algo que, a la historia, le resultará difícil de explicar de forma coherente.

Ahora bien, fuese cual fuese el sentido de la sentencia, ¿alguien tiene dudas de que el impuesto lo iban a acabar pagando los clientes? En mi trayectoria profesional, no he conocido nunca a ninguna empresa que haya sido capaz de sobrevivir sin repercutir a sus clientes todos los costes del producto. Si los bancos deben hacerse cargo del pago del impuesto, todos sabemos que acabarán cobrándolo, como sea, al cliente para volver a equilibrar su cuenta de beneficios.

Pero la fijación que tiene este Gobierno, alentado por sus socios principales, con la necesaria demonización de los bancos hace que no importen los motivos que sean necesarios para dejarlos en evidencia ante la opinión pública. No vengo a defender a los banqueros, pero tampoco dejo de considerar que son empresas privadas que, como todas, persiguen una maximización de su beneficio bajo un modelo de libre competencia donde el cliente es, también, libre de serlo o no.

La consecuencia principal que acabará generando este cerco incansable a las entidades bancarias no será otra que un nuevo bloqueo de las operaciones de crédito, como ya ocurrió en los peores años de la crisis, que conllevará un nuevo hundimiento del sector inmobiliario, con el efecto que todos sabemos que esto tiene en España.

La solución es mucho más sencilla. Si no queremos seguir cargando un impuesto a la cartera de los contribuyentes, retiremos ese impuesto. Al fin y al cabo, tenemos un sistema tributario tan complejo como nuestra organización administrativa. Con menos figuras tributarias, más efectivas y eficientes, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos tendría una distribución más justa y generaría menos problemas al desarrollo de la economía. Pero eso requiere reflexión y ganas de afrontar una reforma estructural tan importante como necesaria y parece que, mientras Carmen Calvo no encuentre dónde reenterrar a Franco, que es su problema principal, las cosas que ellos consideran “menos importantes” para los ciudadanos, van a tener que seguir esperando.