IP considera la sentencia del TSJ sobre la segregación de Puerto "injusta, una auténtica bazofia que han tardado un año en notificarnos"

El expediente de segregación ha sido denegado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ante este hecho, la Junta de Iniciativa Porteña quiere aclarar los siguientes puntos:

"Los jueces dicen que Iniciativa Porteña no ha acreditado que Sagunto y El Puerto son viables económicamente. Y eso es mentira, puesto que presentamos un informe de viabilidad económica realizado por el rectorado de la Universidad de Granada, en el que se acreditaba la suficiencia económica de ambas poblaciones. Nadie en su sano juicio puede cuestionar que Sagunto y El Puerto son viables económicamente. Que se lo digan a los miles de municipios existentes en el Estado Español con menor número de habitantes y, en muchos casos, con bastantes menos recursos económicos de los que dispondríamos en ambos casos".

"Los jueces afirman que Iniciativa Porteña no ha acreditado que Sagunto y El Puerto, están diferenciados territorialmente. Algo tan sencillo como una mirada al Google Maps, da una idea clara de la ubicación de uno y otro núcleo de población. Iniciativa Porteña presentó pruebas gráficas y suficiente información acreditando esa diferenciación territorial. Es más en la sentencia habla de dos núcleos de población. Sin embargo, los jueces valoraron más los informes de parte realizados por los técnicos municipales que entre otras lindezas afirmaban que “Sagunto y El Puerto están unidos POR TRAMA URBANA DE CALLES Y EDIFICIOS”. Ante esta barbaridad, no merece la pena añadir comentario alguno".

"Los jueces niegan que Iniciativa Porteña ha demostrado que la mayoría de los vecinos de El Puerto quieren la segregación. En el expediente se incorporaron las firmas de casi 17.000 porteños que en el momento de presentar el expediente constituían el 55% del censo en El Puerto. Y eso a pesar de que el Ayuntamiento en un cotejo realizado de forma muy cuestionable invalidó 2.000 de las 19.000 firmas presentadas. Esa mayoría quedó más que acreditada. Se empeñan desde el Tribunal en utilizar el inflado padrón de habitantes, que incluye menores de edad y ciudadanos sin derecho a voto. De forma inexplicable el TSJCV habla de 16.672 firmas válidas y las contrasta con el padrón, cuando esas firmas son de ciudadanos mayores de edad y con derecho a voto que son las que recoge el censo".

"Los jueces consideran que Iniciativa Porteña no ha acreditado que la petición responde al interés público autonómico. Es evidente que más que del interés público, deberían hablar del interés político, pues desde este ámbito desde el que se han puesto las piedras en el camino del expediente de segregación. Evidentemente el interés autonómico ha venido determinado por quienes gobernaban y quienes gobiernan actualmente la Generalitat Valenciana, todos ellos contrarios a que El Puerto tenga su propio Ayuntamiento".

"Los jueces no han tenido en cuenta la Jurisprudencia presentada junto al expediente de segregación, por estar basada en la ley 7/1985 vigente en el momento de su presentación en el año 2007. Han optado por seguir las tesis de la Generalitat aplicando la ley aprobada en julio de 2010 por el gobierno autonómico, que perjudica de manera grave las aspiraciones de Iniciativa Porteña. Se da la circunstancia de que desde IP consideramos como inconstitucional la aplicación de una ley aprobada con posterioridad a la presentación del expediente, cuestión que los jueces del TSJCV consideran que en todo caso ellos no tienen competencia para dirimir sobre la inconstitucionalidad, que delegan en todo caso en el Tribunal Constitucional, sin entrar en el fondo del asunto".

Por otro lado, "queremos dejar patente nuestra disconformidad con determinadas actuaciones llevadas a cabo por las instituciones municipal y autonómica. En el primer caso, como hemos explicado, con unos informes elaborados sin ninguna objetividad, al servicio de quienes gobernaban, y en el segundo cometiendo una serie de atropellos cuya legalidad es muy cuestionable":

"El expediente de segregación fue presentado en el año 2007, cumpliendo con los requisitos que marcaba la ley 7/1985. Sin embargo, para resolverlo, la Generalitat aplicó una ley, que aprobaron en julio del 2010, tres años después de la presentación del expediente. El Diputado Lluis Torró, declaró en prensa que había escuchado de otros diputados del Partido Popular, que esa ley en el articulado referente a la segregación de municipios, había sido elaborada de manera explicita para acabar con el expediente de segregación de El Puerto. Nos parece inexplicable que estas declaraciones presentadas como prueba en el procedimiento, no hayan sido tenidas en cuenta por los jueces, máxime cuando demuestran con claridad que la consellería responsable del expediente, en aquel momento dirigida por el corrupto Rafael Blasco, obró de mala fe, y con la clara voluntad de perjudicar el expediente, obrando en contra de una reivindicación legítimamente defendida y legítimamente amparada por las leyes vigente en el momento de presentación del expediente".

"El director de cohesión territorial, dictaminó el expediente antes de conceder la audiencia previa preceptiva a Iniciativa Porteña, algo marcado por el procedimiento administrativo, que de manera inexplicable, tampoco ha sido tenido en cuenta por la justicia".

"Casi cuatro años tardó la Generalitat en dictaminar el expediente, dictamen que fue redactado en cuatro folios, escogiendo el momento político más apropiado para intentar hacer daño a Iniciativa Porteña".

En resumen, la gestión del expediente por parte de la Generalitat fue "pésima, saltándose el procedimiento administrativo, lo cual como mínimo debería haber provocado la devolución del expediente al ente autonómico. Sin embargo, nos hemos encontrado con una sentencia injusta, una auténtica bazofia que han tardado un año en notificarnos, pues fue dictaminada en marzo del pasado año saltándose todos los plazos para notificarla, no ha tenido en cuenta los derechos fundamentales amparados por la constitución y en la que los jueces no han querido entrar en la mala fe con la que ha actuado la Generalitat Valenciana".

"Quienes componemos Iniciativa Porteña, queremos dejar claro que vamos a seguir luchando por y para El Puerto. Diga lo que diga el señor alcalde, seguiremos reivindicando que algún día El Puerto sea por derecho, lo que ya es de hecho, un pueblo con identidad propia. No renunciaremos jamás a esta causa, y que le quede claro al señor alcalde y al resto de concejales de la Corporación, que injusticias como la que se ha cometido con el expediente presentado por Iniciativa Porteña, nos reafirman más si cabe en nuestro deseo de conseguir la Autonomía Municipal".