La alcaldesa y el edil de Urbanismo declaran por un presunto delito de prevaricación

Carmen Jávega, portavoz del PP. FOTO EPDA

La sesión de hoy viene motivada por la querella que presentó el grupo municipal del Partido Popular de Aldaya a causa de las presuntas irregularidades registradas durante el proceso de construcción de viviendas en la unidad de ejecución PP3, ya que la empresa constructora se comprometió a construir 176 VPO, pero sólo realizó 128 viviendas públicas completando su oferta inmobiliaria con 48 áticos de renta libre y diversos bajos, según denuncia el PP. ''El Ayuntamiento no sólo permitió que se expropiara el suelo a precio de VPO sino que además cuando se debían otorgar o no las licencias de ocupación el Consistorio optó por el silencio administrativo, pese a que no cumplían con los requisitos establecidos en el convenio, ni en cuanto a medidas ni en cuanto a categoría'', han explicado desde el PP.

Para el Partido Popular resulta ''sorprendente'' la actitud mostrada por Empar Navarro ante este proceso, “ya que parece que todo esto no vaya con ella cuando es la principal implicada”, de hecho, “en el pleno del mes pasado (25 de enero) le preguntamos por la designación de abogado y los honorarios a percibir y no supo responder, es más señaló que desconocía el coste del mismo sin dar mayores explicaciones”.

Por ello el PP pone de manifiesto “su incredulidad por el hecho de que la alcaldesa no sepa el coste de los honorarios de su letrado, ya que en realidad lo que pasa es que no quiere facilitárnolos. Esto es otra muestra más de la desidia con la que gobierna el Ayuntamiento,quiere ejercer el máximo control sobre todo sin permitir que la oposición conozca las vicisitudes del consistorio. Su máximo afán es evitar a toda costa que fiscalicemos su labor”.

“Es más estas actitudes nos hace plantearnos si la alcaldesa actúa por ignorancia o por mala fe”, señalan los populares de Aldaya.

De igual modo, afirman que otro hecho que “llama la atención es que la señora alcaldesa se haya contratado al letrado Javier Boix Reig, que tiene mucho prestigio y presumiblemente unos honorarios muy elevados que vamos a tener que pagar todos los aldayeros”, argumenta el Partido Popular y señalan que de hecho, este abogado está defendiendo a algunos acusados del famoso Caso Malaya.

Así, el Partido Popular no sale de su asombro “por la desvergüenza de la alcaldesa que cuando se trata de defender los intereses de los aldayeros opta porque que los defienda el abogado municipal, pero cuando se trata de sus intereses particulares no confía en el letrado municipal y se busca uno de los más prestigiosos sin reparar en gasto alguno”.

Consideramos que “sin menospreciar la labor del letrado municipal, Aldaya y sus ciudadanos se merecen ser defendidos con el mismo interés” y “se debe reflexionar sobre la ristra de sentencias desfavorables que no paran de recaer sobre el Ayuntamiento y que ya suponen un coste elevadísimo en materia de indemnizaciones”.

Por otro lado, desde el PP de Aldaya “llama la atención que haya otra resolución por la que el Ayuntamiento se persona contra la alcaldesa como responsable civil subsidiario, generando un gasto absurdo, porque si es para defender a la alcaldesa, ésta ya tiene su letrado y si es para ir contra ella es muy llamativo”.

En cualquier caso, el PP expresa su deseo de que los tribunales obren con justicia y que los vecinos de Aldaya no sigan pagando los desmanes provocados por  el PSOE.