La asamblea ciudadana analiza el dictamen técnico-jurídico solicitado por los trabajadores de Lafarge de Sagunto

Público asistente a la asamblea ciudadana convocada por los trabajadores de Lafarge. EPDA

El salón de actos del Teatro de Begoña de Puerto Sagunto acogió la multitudinaria asamblea ciudadana en la que el Comité de Empresa de Lafarge de Sagunto, junto con la secretaria general de CC. OO., Begoña Cortijo y UGT, el asesor jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda, y una representación del bufete de abogados Pérez Cordero y Pérez Morales, presentaron el dictamen técnico-jurídico encargado por los trabajadores de la cementera con el fin de conocer la realidad sobre el conflicto existente entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge y que, de no solucionarse, puede llegar a afectar a la continuidad de la cementera en la ciudad.

En este evento han estado presentes, además de cientos de ciudadanos, concejales del Ayuntamiento de Sagunto, aunque se ha echado de menos a los que conforman el equipo de gobierno, formado por Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, a pesar de estar invitados al mismo. También han asistido la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Mª José Mira, y la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed.

Dicho dictamen fue presentado por el abogado Ignacio Pérez Cordero, explicando la situación jurídica-administrativa de la concesión de la actividad extractiva en la cantera del Salt del Llop, la cual es absolutamente legal, pues según dicho informe, la empresa cumple con toda la legalidad vigente y, además, los terrenos de esta cantera tienen la calificación de “suelo no urbanizable forestal con tolerancia extractiva”. Según el abogado, la oposición que mantiene el Ayuntamiento de Sagunto no se ajusta a derecho, ya que aún no se ha declarado el Paraje Natural Municipal de Romeu ni existe ninguna figura de protección ni autonómica ni estatal. Además, aunque este paraje fuese declarado en un futuro de este modo, no podría prohibirse la actividad extractiva, pues en un paraje se pueden dar diversas zonas según la protección.

En relación a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sagunto sobre el expediente de solicitud de autorización de ocupación de parte de monte de utilidad pública Bonilles, Fontanares y otros, el letrado Manuel Lozano, miembro del equipo que ha realizado el dictamen, ha rebatido cada una de estas alegaciones, además de asegurar que su presentación, a su juicio, incumple y está contraviniendo lo aprobado en el convenio de mayo de 2013, por no existir base legal que las sustenten, pues en ese procedimiento solo se solicita al Ayuntamiento de Sagunto a mostrar su conformidad o no con la petición de la empresa, por lo que la presentación de las alegaciones muestra un posicionamiento contrario del Consistorio, con lo que se vuelve a incumplir lo firmado en el convenio.

Otro aspecto importante y que más puede afectar a parte de la ciudadanía de Sagunto es la declaración del equipo de gobierno municipal cuando afirma que no puede haber actividad extractiva a 500 metros de una zona residencial. En este sentido, Lozano opinó que dicha ley delimita una zona de protección de 500 metros donde se prohíbe que exista ninguna zona residencial, y no al revés como se interpreta desde el Ayuntamiento, aunque este ancho puede reducirse en el caso de que la empresa adopte medidas correctoras, como así hace Lafarge.

Para finalizar, Miguel Uceda trasladó a la asamblea ciudadana las posibles consecuencias del incumplimiento del Convenio firmado entre Lafarge y el Ayuntamiento de Sagunto, afirmado que este acuerdo, totalmente legal, lo único que intenta es compatibilizar la actividad minera de la cementera con la declaración de Paraje Natural Municipal de la montaña de Romeu. Por ello, al finalizar el 31 de diciembre de 2017 la concesión de ocupación de monte público por Lafarge, en caso de que no prospere la solicitud de la empresa y no le sea autorizada la ocupación por parte de la Administración Autonómica porque el Ayuntamiento se muestre contrario, la cementera podría resolver el convenio firmado con el Ayuntamiento de Sagunto, lo que le permitiría realizar una reclamación patrimonial por los daños causados, un derecho a una indemnización ya que se haría un daño hacia sus bienes y, al existir, un daño emergente y un lucro cesante, la cantidad reclamada sería desorbitada y condenaría al municipio de Sagunto muchísimos años.

En los próximos días se trasladará a Conselleria el contenido legal de este dictamen, ya que es esta la que deberá resolver en caso de que las discrepancias se mantengan entre las partes.