La Comunitat Valenciana se juega su futuro en el debate de investidura de Pedro Sánchez

Todas las miradas se centran hoy en Madrid donde el candidato a la presidencia, y actual presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, inicia su discurso de investidura. Aunque la crispación social entorno al tema de la amnistía de los implicados en el llamado Procés catalán ha centrado gran parte del debate público, la atención de los grandes agentes de la sociedad valenciana se centra más en las oportunidades y riesgos que la investidura supondrán para la llamada “Agenda Valenciana”, y con un tema especialmente clave para la Comunitat: la condonación de la deuda autonómica.

Desde la Associació de Juristes Valencians no se tiene un posicionamiento oficial sobre el tema de la amnistía, aunque el presidente José Ramón Chirivella ha cuestionado como la mayoría de los colectivos jurídicos las referencias que en pacto PSOE -Junts  se realiza al llamado “lawfare”, pero  confirman que los miembros de la asociación estarán muy pendientes ante la sesión de investidura y sus consecuencias para la Agenda Valenciana.

Juristes no se muestran tan interesados con la intervención de candidato a la presidencia del gobierno como con la de su principal apoyo, Yolanda Díaz, líder de Sumar. Y es que tal y como explica José Ramón Chirivella, presidente de la AJV, el único partido formalmente valencianista con presencia en el Congreso de los Diputados es Compromís que se ha presentado integrado en Sumar, por lo que esperan que los puntos esenciales de la agenda valenciana, tengan presencia en la intervención de Diaz, para mesurar el peso real Compromís en Sumar, y más a la vista de la relevancia de los acuerdos del PSOE con los diferentes grupos nacionalistas, incluso con 1 sólo diputado como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Coalicion Canaria.

En ese sentido Chirivella considera que si bien el acuerdo entre PSOE y Sumar incluye menciones a la agenda valenciana lo hace de manera “decepcionante “ por lo poco concreto de sus propuestas para la Comunitat, en materia de plazos de aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica o ausencia de referencia a la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación.

Por ello esperan la intervención de Díaz para tener una toma más del peso de la Comunitat en las políticas del nuevo gobierno.

En cualquier caso, Chrivella recuerda que desde Juristes se va a seguir apuntando en la misma dirección de las necesidades de los valencianos. Para su asociación los intereses de la agenda valenciana que más urgen son: el cambio de modelo de financiación autonómico, que lleva obsoleta desde 2014 en su opinión. La condenación de la deuda histórica, más allá de los 10.000 millones que se contemplan para condonar la deuda de las ayudas de la crisis de 2008, y, por supuesto, la recuperación del derecho civil valenciano para el que aún hay una clara ventana de oportunidad con la reforma de la constitución pactada entre PSOE y PP la pasada legislatura, que no llego a avanzar por la disolución anticipada tras el 28 Mayo.

Entre las posturas más duras con el futuro gobierno están las de los autónomos valencianos agrupados en ATA, la principal asociación de trabajadores por cuenta propia del país, que incluso han emitido un comunicado conjunto con CEPYME y la CEOE criticando muy duramente el acuerdo de investidura.

Para la asociación de autónomos el acuerdo de investidura ha creado un “grave menoscabo a la separación de poderes y a la seguridad jurídica”, y que priorizan a Cataluña afectando “de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia”.

También aseguran que las políticas de Sánchez están creando un clima de negocios “cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.  E incluso temen “una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española”.

Desde ATA se denuncia que, siempre en su opinión, “se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas” y apuestan por “volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado”.

Las ramas valencianas de CCOO y UGT se han posicionado abiertamente para aprovechar la nueva legislatura para lograr el objetivo de la condonación de la deuda. Ambos sindicatos han mostrado su apoyo a un frente común de políticos, empresarios y trabajadores para conseguir este objetivo. Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, no ha dudado en calificar la deuda valenciana como “deuda injusta”, mientras que Ana María García, secretaria general CCOO-PV, llama a los diputados valencianos a unirse a las reivindicaciones de la tierra que les ha votado.

La CEV defiende la igualdad aunque no oculta su descontento

Desde la representación de los empresarios, la CEV se posiciona, al menos en lo formal, en el mismo discurso que los sindicatos ante la llegada de un nuevo gobierno. La confederación empresarial participará junto al resto de actores políticos y sociales, en los actos previstos para el viernes por la Plataforma per un finançament just. Y su presidente, Salvador Navarro, es el primero en reivindicar que la Comunitat Valenciana merece al menos la condonación del 70% de su deuda que, según recuerda, está originada por una mala financiación según todos los informes técnicos.

No obstante desde la CEV, se lleva meses mostrando públicamente su malestar sobre demasiadas cosas del actual gobierno en funciones. Las últimas actuaciones de la Dirección General de Tributos han causado malestar entre los empresarios por considerar que crean un inseguridad jurídica que no beneficia en nada a la creación de negocios, y su presidente mostró su preocupación ante la posibilidad de que el nuevo gobierno priorice el puerto de Barcelona sobre los intereses de expansión del puerto de Valencia. El hecho de que la naviera MSC haya cancelado sus planes en Valencia por los retrasos en la ampliación no ha hecho más que acrecentar la preocupación ante el retraso de las obras.