La exconsellera Pradas y su ex número dos de Emergencias declaran mañana como investigados por la DANA

La consellera de Justicia e Interior cuando ocurrió la DANA de Valencia del 29 de octubre en la que murieron 228 personas, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso, están citados a declarar este viernes ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la catástrofe.

Ambos son por el momento los únicos imputados en esta causa que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que hasta ahora ha tomado declaración como testigos a familiares de los fallecidos y a expertos.

Las declaraciones de los dos investigados, que la jueza califica de "imprescindibles", serán en la Ciudad de la Justicia de València -donde está ubicado provisionalmente el Juzgado de Catarroja debido a los daños por las inundaciones de la DANA-, donde Pradas está citada a las 10 de la mañana y Argüeso a las 12:30 horas.

Varias asociaciones de víctimas de la DANAy comités locales de emergencia y reconstrucción han convocado una concentración este viernes a las 9 horas ante la Ciudad de la Justicia para expresar su apoyo al trabajo de la jueza y reclamar justicia para todas las víctimas y afectados por las inundaciones.

Pradas desempeñó la funciones de consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024, tras la salida de Vox del Gobierno valenciano, hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida por el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Fue ella quien convocó el día de la DANA, a las 17 horas, el órgano encargado de coordinar la emergencia, el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), y tenía atribuida "la máxima autoridad" en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, según ha indicado la jueza.

Emilio Argüeso fue el secretario autonómico de Emergencias o número dos de la Conselleria de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 3 de diciembre, cuando fue destituido, y la jueza le ha imputado dada su "relevancia orgánica y por ende decisoria".

En el auto de imputación, la instructora señaló que la competencia de protección civil es exclusiva de la Generalitat, la cual demostró una "inactividad patente"; que el Cecopi debió convocarse la mañana del 29 de octubre y no con tanta "demora"; o que el mensaje de alerta enviado a los móviles a las 20:11 horas fue "tardío y erróneo".

La exconsellera recurrió alegando que existía un "comité dual de dirección" con la delegada del Gobierno en relación con las medidas de protección de la población; que el Estado también tenía competencias para alertar; que "no hay que centrarse" en el retraso del Es-Alert, y que se quiere hacer de ella una "cabeza de turco".

Por su parte, Argüeso señaló en su recurso que ser "supuesto número dos" de la Conselleria "no es un delito", que era "un miembro más" del Cecopi, y que no tenía "competencia orgánica o funcional alguna para decidir" si se enviaba o no el mensaje de alerta, ni el contenido, ni la hora de envío.

Tras estas declaraciones clave, que se producirán cinco meses después de las inundaciones y transcurridos cuatro meses desde el inicio de la instrucción, el lunes 14 de abril están citados como testigos la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.