La negociación entre el Gobierno central y la Generalitat catalana para alcanzar una financiación singular ha generado un fuerte cruce de acusaciones entre los principales partidos con representación en Les Corts Valencianes. Desde el PP, Compromís, PSPV y Vox se han pronunciado este lunes con posturas encontradas que reflejan no solo una preocupación común por la infrafinanciación valenciana, sino también un profundo desacuerdo sobre el modelo de relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la gestión económica del Consell de Carlos Mazón.
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Nieves Martínez, ha denunciado que esta negociación es “un ejemplo más” del desprecio del Gobierno central hacia los valencianos, al tiempo que ha acusado a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, de ser cómplice de este agravio. A su juicio, Sánchez está llevando a cabo esta negociación de manera unilateral únicamente “para continuar en La Moncloa”, y ni siquiera cuenta —según ha dicho— con el respaldo de los presidentes autonómicos socialistas. Además, ha lamentado que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que no había fallado en doce años, lo haga ahora, justo cuando la Comunitat Valenciana más lo necesita tras la dana.
Martínez también ha criticado que Sánchez visitara Valencia recientemente sin reunirse con el president de la Generalitat, lo que —a su juicio— demuestra su falta de voluntad para trabajar por los intereses valencianos. Ha subrayado que, tratándose de un asunto “tan sumamente importante” como la financiación, las decisiones no pueden tomarse de forma unilateral, y ha reivindicado que todas las comunidades autónomas deberían estar representadas en la negociación de un nuevo modelo.
Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que la financiación autonómica debe avanzar para todas las comunidades, no solo para Cataluña. Si bien ha reconocido la legitimidad de los acuerdos bilaterales, ha advertido que estos no deben resolver únicamente los problemas de una autonomía mientras otras, como la valenciana, siguen soportando un modelo claramente insuficiente. “Hace falta abrir de una vez el melón de la financiación”, ha sentenciado.
Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha centrado sus críticas en el president Carlos Mazón, a quien acusa de reclamar más fondos al Gobierno de España mientras renuncia a ingresos propios para la Comunitat. En concreto, ha denunciado que el Consell ha dejado de ingresar 903 millones de euros por beneficios fiscales concedidos a las rentas altas y a las empresas nucleares, y ha recordado que el PP votó en contra del decreto de entregas a cuenta, lo que —según sus cálculos— supuso perder 1.300 millones adicionales. Muñoz también ha reprochado al PP haber renunciado a la condonación de deuda (unos 11.000 millones) y al fondo de nivelación por no incluirlo en su última ponencia política.
El dirigente socialista ha calificado de “incoherente” la actitud de Mazón y ha asegurado que el Gobierno central estaría dispuesto a negociar una financiación justa para la Comunitat, como —dice— ya demostró al aceptar las comisiones solicitadas tras la dana. No obstante, ha advertido que no ve una voluntad “real ni honesta” por parte del president de alcanzar acuerdos y lo ha acusado de buscar el enfrentamiento como estrategia para mantenerse en el poder. Muñoz ha finalizado afirmando que siente "envidia sana de un president como Salvador Illa, que ya quisiéramos tener los valencianos y valencianas".
El síndic de Vox, José María Llanos, ha sido aún más contundente al calificar la financiación singular para Cataluña como “una capitulación y una traición de Estado”. Según Llanos, Pedro Sánchez “soborna a los separatistas catalanes” para seguir en el poder, mientras estos “chantajean” al Ejecutivo para obtener beneficios exclusivos. Ha recordado que Junts admitió en el Congreso que solo defiende los intereses catalanes, lo que —en su opinión— demuestra la deslealtad de estos acuerdos bilaterales hacia el conjunto del país. Además, ha criticado que no se haya reconocido un FLA extraordinario para la Comunitat Valenciana, obligando a la autonomía a endeudarse para afrontar los costes de reconstrucción.