La Fiscalía pide identificar a los miembros que participaron el día de la DANA en el Cecopi

Imagen del 1 de noviembre de 2024 en L"Eliana, con la participación en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (c,d), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE/Kai Försterling/Archivo

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido a la jueza de Catarroja que instruye la causa de la DANA que se identifique a todas las personas que participaron en la reunión del Cecopi del 29 de octubre y que aclare en qué momento esa reunión fue exclusivamente presencial.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Fiscal solicita nombre completo y cargo de los componentes del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que a las 17 horas del día de la DANA asistieron de forma presencial y telemática, y el periodo de tiempo en que produjo esta reunión de forma simultánea.

Además, reclama que especifique cuáles de estas personas participaron en la reunión "únicamente de forma presencial" y cuánto duró ésta.

En este mismo escrito, la Fiscalía pide que se solicite a la Agencia de Seguridad y Emergencias de las Generalitat Valenciana los informes que hubiera elaborado para el seguimiento de la situación como consecuencia de las alertas hidrológicas decretadas el 29 de octubre en el río Magro y la Rambla del Poyo.

También solicita los informes recabados y recibidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la valoración de la situación hidrológica y su posible evolución.

Pide asimismo que se identifique a las personas que debían componer el comité que tenía que asesorar al comité de dirección del plan a partir de la constitución del Cecopi, así como los informes elaborados por dicho grupo en los que evaluara la situación de riesgo y aconsejara al comité de dirección sobre las medidas de protección a la población.

Del mismo modo, solicita los informes elaborados por los responsables de Aemet y de la CHJ sobre las precipitaciones y la evolución de los caudales o situación de los ríos o presas, además de las órdenes dictadas por el director del plan para que fuesen difundidas por el gabinete de información a través de los medios de comunicación social.

Desplazamientos de Mazón el día de la DANA

Por otra parte, en otro escrito de la Fiscalía al juzgado, al que también ha tenido acceso EFE, el fiscal respalda la decisión del juzgado de rechazar que se requiera a Presidencia de la Generalitat la identificación de los coches utilizados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, así como los desplazamientos que se realizaron, ya que esa actuación implicaría la realización de actos que en sí mismos determinen la sujeción de un parlamentario a un proceso penal.

En opinión de la Fiscalía, esa petición tendría como finalidad averiguar en qué lugares y a qué horas estuvo Mazón el 29 de octubre, lo que a su juicio excede lo que la Generalitat tendría que publicar sobre el president según recoge la Ley de Transparencia de la Comunitat.

En un tercer escrito, el Ministerio Fiscal se opone "sin perjuicio de una ulterior imputación" a que se declare investigados al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y a los altos cargos de la Generalitat Javier Martín (director general de Emergencias y extinción de incendios), Jorge Suárez (subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) e Inmaculada Piles (jefa del servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana).

La Fiscalía interesa así la desestimación del recurso de reforma interpuesto por la Asociación Damnificados Dana Horta Sud Valencia contra el auto que acuerda "no haber lugar a la declaración como querellados" de los anteriormente citados al considerar que la resolución "se ajusta a derecho".

Asegura que la petición de los querellantes no debe ser estimada porque, según fundamenta el auto recurrido, "de manera específica se ha de atender, al objeto de acordar la declaración como querellados a los partícipes del proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, atribuyéndose por el momento el mismo a la máxima autoridad, la consellera, que tenía en ese momento dichas facultades, así como por su relevancia orgánica y por ende decisoria, Emilio Argüeso".

Además, argumenta el escrito que la querella interpuesta por dicha asociación contiene "una imputación genérica que confronta con el principio de culpabilidad que rige el derecho penal".