La Generalitat acusa al Gobierno de 'hinchar' las cifras sobre las ayudas pagadas a los afectados de la dana

La Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno central de inflar de forma “escandalosa” la cifra real de ayudas abonadas a los afectados por la DANA del pasado 29 de octubre. Mientras que la Delegación del Gobierno aseguró ayer que ya se han pagado 7.500 millones de euros, los datos oficiales publicados por el propio Ejecutivo en su web [La Moncloa. Info DANA, 21/07/2025] indican que la cantidad real abonada es muy inferior: 2.887 millones de euros.

Según ha denunciado la Generalitat, la cifra ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye cantidades que no pueden considerarse ayudas gubernamentales, como las indemnizaciones gestionadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (3.386 millones de euros), que tienen origen privado y no presupuestario, y las compensaciones abonadas por Agroseguro (51,5 millones de euros), además de moratorias bancarias (910 millones) o inversiones en infraestructuras que no han llegado aún a los afectados.

Además, la web oficial del Gobierno cifra el “importe total abonado” en 5.875 millones de euros, unos 1.175 millones menos que los anunciados ayer. De ese importe, más de 3.386 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros, entidad con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente del Estado y sin dependencia presupuestaria. “El Gobierno no puede apropiarse de un dinero que no ha salido de sus arcas”, ha denunciado el Consell.

A ello se suman los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tampoco pueden considerarse ayudas directas. El ICO ha financiado 3.164 operaciones por un valor total de 703 millones de euros, de los cuales unos 400 millones no están bonificados y, por tanto, las empresas deberán devolverlos con intereses.

Solo el 11,9% de las familias han recibido ayudas directas

La Generalitat ha calificado de “especialmente grave” que, nueve meses después de la tragedia, sólo el 11,9% de las familias afectadas hayan recibido ayudas directas para vivienda y enseres. De las 43.592 familias que las solicitaron, apenas 5.191 han sido beneficiarias, por un importe total de 85,8 millones de euros. La deuda pendiente del Gobierno con las 38.401 familias restantes asciende, según las estimaciones, a unos 635 millones de euros.

Ayuntamientos sin capacidad y municipios excluidos

En el ámbito de las infraestructuras municipales, el Gobierno asegura haber transferido 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos. Sin embargo, la mayoría no ha podido movilizar ni un solo euro por falta de recursos técnicos y humanos para ejecutar las licitaciones necesarias. “Son consistorios pequeños, sin capacidad administrativa para tramitar inversiones de esta envergadura”, lamentan desde la Generalitat.

A esto se añade que 28 municipios valencianos, con una población conjunta de 80.000 personas, han sido excluidos del plan estatal de reconstrucción, pese a haber sufrido graves daños. El Ejecutivo autonómico reclama su inclusión inmediata.

IVA no exonerado y ayudas deportivas sin ejecutar

Otro punto de fricción es la negativa del Gobierno a exonerar el IVA en la compra de vehículos sustitutivos para quienes perdieron su coche por la DANA. “En muchos casos, el importe de la ayuda no alcanza ni el IVA del nuevo coche”, denuncian desde la Generalitat.

Asimismo, el Consell advierte de que las ayudas a entidades deportivas afectadas siguen sin ejecutarse. De las 17 solicitudes registradas para la reparación de instalaciones dañadas, no se ha abonado aún ni un solo euro.

La Generalitat concluye que, de los 16.600 millones de euros que el Gobierno dice haber movilizado para los afectados, sólo 2.887 millones han sido realmente pagados, lo que supone el 17,4% del total anunciado. Para el Ejecutivo autonómico, se trata de una “burda operación de maquillaje político” que “juega con las expectativas de miles de familias, empresas y municipios que aún esperan respuestas concretas”.

La Generalitat ha exigido al Gobierno central transparencia, agilidad y justicia en la gestión de las ayudas y ha pedido la creación de una mesa de coordinación técnica y financiera para acelerar la llegada de los fondos a los afectados.