La jueza del “Caso IVAM” investiga si la exdirectora Consuelo Císcar, imputada por malversación,
prevaricación y falsedad, favoreció a su hijo artista mientras estuvo al frente
del museo valenciano.
A partir de la documentación
intervenida en los distintos registros llevados a cabo por los agentes de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), la
magistrada de refuerzo del Juzgado de Instrucción 21 ha ordenado la práctica de
varias diligencias encaminadas a averiguar el patrimonio de Rafael Blasco
Císcar, con nombre artístico 'Rablaci', por si se hubiera beneficiado de las
supuestas irregularidades cometidas por su madre.
El hijo de la exdirectora del IVAM no
tiene aún la condición de investigado (imputado según la terminología anterior
a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en esta causa.
A este respecto, la jueza ha pedido
información a dos empresas, contratistas habituales del IVAM, ante las
sospechas de que el Museo hubiera costeado trabajos que dichas mercantilies
realizaron para el hijo de la exdirectora, ajeno al Instituto Valenciano de Arte
Moderno.
Además, la magistrada ha oficiado a
la Agencia Tributaria para que informe sobre los bienes inmuebles, las cuentas
bancarias, los vehículos y las declaraciones de la renta de Rafael Blasco
Císcar.
El resultado de estas
diligencias determinará si el hijo de la exdirectora adquiere la condición de investigado como
posible cooperador necesario respecto a los delitos imputados a su madre o como
posible autor de un delito de blanqueo de capitales.
En la causa están investigados
(imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con
responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos
de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la
adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.
Se trata del subdirector general de
Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la
subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable
de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte
eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.
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