La tortura no es cultura, no es identitaria, no es BIC.

La Plataforma Carles Pinazo, con todas las organizaciones y personas que la forman, celebramos la presentación en trámite por las Corts Valencianes de la proposición no de ley para la abolición de la “Ley 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de reconocimiento, promoción y protección de las señas del pueblo valenciano”. Por supuesto, manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa.

Celebramos la coherencia de las fuerzas políticas que firman la proposición en cumplimiento de sus compromisos, adquiridos mientras el PP sacaba los últimos provechos de la mayoría absoluta que ha perdido. Celebramos que esta coherencia sea plena, sin que el abuso de una mayoría absoluta deje ningún rédito.

La Plataforma Carles Pinazo realizó una campaña frente al expediente para la declaración del linchamiento de los bous al carrer como BIC y el impulso a las cátedras taurinas de 2012, que acabó con el ridículo procedimiento llevado a cabo para bloquear la firma de un informe contrario al si del Consell Valenciano de Cultura. La Universitat de València y la Real Academia de Bellas artes de Sant Carles sí que lo firmaron, y el expediente tuvo que ser archivado. El 2015, nada más cumplirse el plazo establecido por la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y apresurados por el fin de la legislatura, el PP volvió a la carga por la vía rápida, martilleando las leyes vigentes.

Recordamos, también, que esta ley de señas imponía como identidad valenciana una práctica que es extraña para la mayoría del territorio y de su población, que es frontalmente rechazada por muchísimas ciudadanas y ciudadanos por implicar un uso y un abuso de los animales, con muchos costes en vidas humanas y animales y con unas inversiones de recursos públicos inadmisibles, permanentemente camufladas o directamente ocultadas por la mayoría de las administraciones públicas a pesar de sus obligaciones de transparencia en la gestión.

Y destacamos especialmente que la ley, vigente mientras no sea abolida, implica la vulneración de derechos fundamentales, estipulando formas de discriminación por razón de opinión y de ejercicio de la libertad de expresión, así como de represalia por los mismos motivos. La ley de señas amenaza las personas y organizaciones animalistas que luchan por los derechos de los animales de ser excluidas del acceso a ayudas públicas por el desarrollo de cualquier de sus actividades y posibilita la retirada de las que ya estén concedidas.

Por lo tanto, la abolición de esta ley será un acto de restitución de los derechos de la ciudadanía que nos reafirma en nuestro trabajo en defensa del reconocimiento de los derechos de los animales a la vida, a la libertad y a la integridad, a no sufrir ninguna tortura ni linchamiento público que sólo se justifica en los intereses económicos de una minoría.