Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus
usuarios y mejorar su experiencia de como usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su
uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies pulsando aquí.
Dentro
de las prácticas habituales de la derecha liberal es un clásico
esquilmar los servicios públicos hasta el punto de que pierdan
sentido o desaparezcan haciendo de ellos algo costoso, inane, incluso
convertirlos en un arma arrojadiza para lanzar a la cara de la
oposición con la excusa de que “Unos pocos, pagan lo de todos”.
Bien, parece que en esta nuestra comunidad, el discurso caló hasta
el punto de que los servicios más básicos e imprescindibles forman
parte de este lote del todo vale neoliberal.
La
vivienda, derecho por constitución (ya sabéis, ese documento
cambiante sólo y digo sólo, a favor de las necesidades del sistema
económico imperante) se ha convertido en uno más de esos servicios
prescindibles. 20 años de mayoría absoluta del PP en el País
Valencià auspició el abandono de todo el parque de vivienda social,
dando al departamento que la gestionaba una justificación para la
venta a particulares. Venta, crisis, desahucios… bancos dueños de
casas que se quedan vacías y tapiadas, no sabemos si esperando una
nueva burbuja inmobiliaria que justifique la acumulación de
viviendas. Falta de recursos para arreglar y mantener las viviendas
que todavía son propiedad del EIGE (Entidad de la que depende el
parque de vivienda pública) lo que genera ansiedad, descontento,
casas cerradas, más de 400 familias en lista de espera en nuestro
municipio. La nueva política que se está aplicando desde la
Generalitat resulta, en este caso, completamente insuficiente.
Proyectos bienintencionados que no terminan de cuajar. Se necesita
una respuesta rápida y eficaz a un problema que ya lleva tiempo
convertido en drama.