Chelo Poveda /EPDA
Pilar Lima /EPDA
La
huella que está dejando la gestión política del Puerto de Valencia
tendrá un impacto muy significativo sobre la sociedad valenciana
presente y futura. Porque para una ciudad portuaria las decisiones
que afectan al puerto definen cómo quiere configurar su corazón y
determina el modelo de ciudad que proyecta, ya que, el puerto supone
una parte muy significativa de la identidad de Valencia, no solo en
términos comerciales, sino también culturales y sociales.
El
corazón de nuestra ciudad necesita que funcionen los motores que le
hacen seguir latiendo, por eso es necesario preguntarnos sobre los
impactos que esta ampliación generará sobre el empleo y del medio
natural donde desarrolla su actividad.
En
primer lugar, el puerto ya supone un gran generador de empleo y esta
ampliación no es garantía de generar nuevos puestos de trabajo, ya
que se basa en aumentar el grado de robotización sin exigir a cambio
un incremento de los volúmenes con los que se trabaja.
En
segundo lugar, los cambios introducidos en la ampliación no están
justificados por una DIA de 2007 basada en una normativa del año
1986. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Valencia no debería poder
decidir de forma unilateral si es necesaria o no una nueva DIA para
la ampliación, esta decisión debe basarse en la ley de evaluación
ambiental vigente y debe tener en cuenta las nefastas consecuencias
medioambientales que tendrá para el patrimonio natural valenciano y
para pulmones verdes como la Albufera, así como los impactos en
términos de erosión sobre las playas del sur, los agravios que
genera en los barrios costeros y la contaminación generada por el
aumento en el tráfico de camiones.
A
todo ello hay que sumarle las presuntas irregularidades cometidas que
retrata el Informe de la Abogacía, lo que visibiliza que este
macroproyecto se está haciendo sin el respaldo de la ciudadanía
valenciana y evidencia la ausencia de transparencia. Desde Unides
Podem y Podem Valencia creemos que por ética, por legalidad y por
respeto a nuestra ciudad no se puede dejar en manos de la APV la
posibilidad de ser juez y parte sin el consentimiento de la
ciudadanía valenciana. Por este motivo, siempre hemos dado nuestro
apoyo a la Comissió Ciutat-Port y en junio solicitamos en Corts que,
de ser probadas las irregularidades cometidas en esta operación, se
depuraran responsabilidades.
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