Los vecinos de Godella salen a la calle contra el pago de 16 millones a las monjas

Cabecera de la manifestación.

La ciudadanía de Godella se ha rebelado en contra de la sentencia del Tribunal Su­perior de Justicia de la Co­munitat Valenciana (TSCJV) que condena al Ayuntamiento de Godella a pagar 11,7 mi­llones de euros a las monjas del Sagrado Corazón por el Parque de La Dehesa. Con pancartas en mano, más de 500 personas se manifesta­ron el pasado fin de semana con lemas como “No al abuso del parque”, “No al expolio” y “L’Esglèsia és rica, el poble és pobre”.

Los manifestantes se tras­ladaron desde la plaza de la Ermita hasta la plaza Santa Magdalena Sofía, a las puer­tas del colegio del Sagrado Corazón, lanzando cánticos como: “Això no es justícia, es avarícia”, “No volem pa­gar”, “No a un parc, contra el poblé” y “Serà legal però es immoral”, entre otros.

“Son cerca de 26.000 me­tros cuadrados declarados zona verde pública en el PGOU de 1990 y valorados en 30 millones de pesetas (180.000 euros) en aquel mo­mento -comentó Pep Albert, uno de los portavoces de la Assemblea de Ciutadanes i Ciutadanes de Godella, con­vocante de la manifestación,-, y que la congregación del Sa­grado Corazón de Jesús instó a su expropiación en plena burbuja inmobiliaria multi­plicando su valor 30 veces. El pueblo de Godella no ha dis­frutado en ningún momento de ese parque y no lo quiere, y sobre todo, no lo queremos a costa de la ruina de nuestro pueblo”.

Y es que según han denun­ciado la sentencia del TSJCV “condena al Ayuntamiento de Godella a pagar una deuda que pone en peligro los servi­cios sociales y empleos muni­cipales”. La sentencia estable­ce un pago de 11,7 millones de euros más los intereses, lo que hace una suma total de 16,5 millones de euros, lo que supone cerca de dos presu­puestos del Consistorio.

Por ello, y ante la imposi­bilidad de desembolsar en un solo pago la sentencia, el equipo de gobierno del Ayun­tamiento de Godella ha pre­parado un Plan Económico y Financiero que consiste en pagar fracciones anuales de 200.000 euros revisables cada tres años, y un pago complementario en especie con los bienes inmuebles de propiedad municipal va­lorados en 3,5 millones de euros.

Ahora el ejecutivo espera la resolución del TSJCV y la aceptación de las monjas. En caso de que sea negativa, será la justicia la que determine la forma de pago.