La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo,
Mª. José Mira, ha destacado hoy que "el consumo socialmente responsable
es la base fundamental en la construcción de una sociedad más justa y
sostenible". Mira, que ha inaugurado hoy el Congreso de la Unión de
Consumidores, ha subrayado que en el nuevo modelo económico diseñado por
el Consell, "centrado en el bienestar de las personas y en la mejora de
sus condiciones de vida, no tienen cabida la producción ni el comercio
de productos ilegales y fraudulentos, no tan solo por el hecho de
proteger al consumidor, que ya sería suficiente, sino por las
connotaciones de carácter económico, social, laboral y medioambiental
que se extienden más allá de la sociedad valenciana".
En
este sentido, ha puesto en valor la acción de asociaciones como la Unión
de Consumidores para "fomentar la información y la formación al
consumidor y sensibilizar de los efectos que tienen sus decisiones de
consumo no solo en nuestro entorno sino en el de las generaciones
venideras".
Durante su intervención, la responsable
autonómica ha avanzado que las acciones políticas del Consell se
centrarán "en garantizar que la legislación de protección de los
derechos de los consumidores se aplique". Así, ha detallado el apoyo de
la Generalitat a la Unión de Consumidores a través de acciones como la
colaboración en las Oficinas Municipales de los Consumidores (OMICs) de
la Comunitat; en la realización de las actuaciones mediadoras entre
consumidores con las empresas reclamadas; en la formación y
sensibilización de jóvenes mediante talleres impartidos en los centros
escolares; y en la participación que desarrolla como árbitro en
representación de los consumidores en el arbitraje de consumo, como
cauce de resolución extrajudicial voluntaria y amistosa de los
conflictos surgidos entre los consumidores y los empresarios o
profesionales.
Asimismo, ha destacado la necesidad de
impulsar, junto con la Unión de Consumidores, la resolución de
conflictos a través de la mediación y arbitraje de consumo, y ha
adelantado que en 2016 está previsto actuar en 1.000 mediaciones y
dictar 2.000 laudos arbitrales.
La secretaria autonómica ha
hecho hincapié en que el objetivo del Consell es apostar "por un
comercio de proximidad, un modelo comercial sostenible y respetuoso con
el medio ambiente, un modelo que revitalice los centros urbanos y los
barrios de las grandes ciudades y que impulse un consumo responsable y
sostenible".
Mira ha ofrecido durante su intervención datos
sobre los principales productos falsificados confiscados en Europa, que
son ropa, accesorios y calzado (57 %), relojes (10 %), productos
electrónicos e informáticos (8 %), medicamentos (8 %) y juguetes (4 %)
y, además, ha explicado que los hábitos de compra de falsificaciones nos
costaron cerca de 1.000 millones de euros a nivel nacional durante
2012, lo que equivale al 0,1 % del PIB del Estado y a un 0,7 % del
mercado potencial de los productos falsificados.
"Pero la
falsificación tiene otras implicaciones todavía peores, incluso
irreversibles, desde el punto de vista ambiental, laboral, de seguridad y
salud públicas y de investigación y desarrollo", ha añadido Mira, que
ha informado que en la fabricación de falsificaciones no se puede
verificar la no utilización de productos contaminantes ni el correcto
tratamiento de los residuos generados y que, en materia laboral, la
fabricación de estos productos se hace en condiciones abusivas y a
través de la articulación de redes de comercialización que utilizan
colectivos en situaciones de vulnerabilidad, todo ello a costa de la
destrucción de empleo de fabricantes y distribuidores legales de
productos originales.
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