Sergio Muniesa. El
gobierno que preside Pedro Sánchez ha anunciado que acepta la
utilización de “mediadores”, “relatores”, “coordinadores”
o da igual como quieran llamarlos. El debate no es cómo llamarlos,
sino otro muy diferente.
La
realidad, sea cual sea el nombre que quieran atribuirle, es que ceden
a la solicitud que Torra le pidió a Sánchez por carta, al gobierno
de España que preside y a la comunidad internacional, en la que
reclamó el inicio de una mediación, a los que seguirían los
términos del referéndum.
Que
aflore esta negociación, en este momento, no es casualidad tras que
los independentistas hubieran presentado enmiendas a la totalidad a
los presupuestos y, raudos, los socialistas de Sánchez, pretendan
transaccionar esta propuesta a cambio de su retirada. Algo que
manifestaron nunca harían: negociar los presupuestos a cambio de
cesiones en el asunto catalán.
Desde
el Partido Popular tenemos claro que ni la soberanía nacional ni la
unidad de España se negocian, sino que se defienden. Consentir que
el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho
constitucional y quienes actúan contra él, es caer en la trampa
del lenguaje que utilizan los nacionalistas de corte independentista.
No caigamos en el engaño.
En
nuestra Comunitat, el BLOC a través de Baldoví, se muestra de
acuerdo con el mediador, algo que no es de extrañar cuando Morera,
el jefe de filas de Quico Fernandez en su partido, califica de presos
políticos a quienes han forzado la legalidad constitucional.
Con
estas maniobras del independentismo nacionalista pretenden alimentar
la expectativa de que, a largo plazo, hay una forma de referéndum de
autodeterminación, que les acerque a su quimera de la independencia.
Algo realmente inviable.
Pero
es que, además, quieren que se reconozca con ello que, cuando los
políticos presos lo vulneraron, estaban apelando a un derecho que no
reconocen que no había. Ese aludido derecho de autodeterminación no
es tal. Sánchez se alinea con el relato de unos procesados y no con
el de la Justicia y el de defender el orden constitucional.
A
quienes denunciamos estos hechos, quieren descalificarnos llamándonos
incendiarios o que exageramos, pero hasta los propios socialistas por
boca de representantes de peso como García-Paje han manifestado
“estar perplejos” y de que “si de lo que se trata es de tener a
alguien de testigo, porque no se fían unos de otros, para eso pueden
hablar directamente en el Parlamento, que estamos todos los españoles
de testigo”. Lo ha afirmado Alfonso Guerra “valdría con una
grabadora” Pero para Sánchez y su gobierno, hasta éstos, están
equivocados.
Pero
esto es lo que pasa cuando uno pacta con independentistas y quiere
mantenerse a toda costa en el gobierno. Colocar mediadores o
relatores significa, en la práctica, poner en el mismo nivel de
legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del
mismo. Es, de facto, legitimar como admisibles las demandas
separatistas. La libertad y la ley no se negocian y menos con
intermediarios.
Establecer
mediadores supone asumir la demanda de bilateralidad, constante en
las exigencias independentistas, que buscan poner a España y a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, como si fueran entidades políticas
del mismo nivel. La soberanía nacional, reside en todos los
españoles y no se puede admitir que, un gobierno, que nos debe
representar a todos, se preste a asumir el marco mental del
independentismo.
Desde
el Partido Popular nos reafirmamos en lo que compartimos con la
mayoría de los españoles, incluidos una gran mayoría de catalanes:
la vigencia de nuestra unidad nacional, de la Constitución y del
imperio de la Ley, por encima de quienes pretenden romperlas mediante
actos de rebelión, o mediante una negociación que equivale a una
traición a España. Nos traicionan a todos.
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