La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica OltraLa vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Mónica Oltra, ha destacado que desde la Comunitat Valenciana se ha
favorecido un acuerdo de mínimos que permita cumplir la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre los programas del 0,7 por ciento del IRPF
destinados a acción social, y que establece que el reparto de estos
fondos es competencia de las autonomías.
Oltra ha
participado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, donde el
representante del Gobierno central había llevado una propuesta única de
real decreto para regular esta cuestión, y que a juicio de la
vicepresidenta carecía de concreción y que no garantizaba la "seguridad
jurídica" de las entidades del tercer sector.
Tras afirmar
que los representantes de las distintas autonomías se han sentido
"insultados" al inicio de la reunión por el texto presentado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha explicado que
se ha trabajado por llegar a un "acuerdo de mínimos" que permita empezar
a trabajar y lograr una propuesta más concreta en el mes de mayo.
La
vicepresidenta del Gobierno valenciano, que ha leído el acuerdo
manuscrito que ella misma y el secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Mario Garcés, han redactado en el trascurso de la
reunión, ha incidido en que éste es un "acuerdo de mínimos", por el que
se establece que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional, el modelo de gestión del 0,7 por ciento del IRPF será un
modelo mixto, con el Estado y las comunidades autónomas.
La
concreción de este modelo, ha explicado, se elaborará en la comisión
delegada que se convocará en un máximo de 8 días y en mayo se reunirá de
nuevo el consejo territorial para aprobar el texto normativo que la
comisión delegada haya elaborado, y finalmente se creará un grupo de
trabajo para perfilar el modelo a partir del año 18, que tendrá un
carácter "más definitivo".
Oltra ha señalado que la reunión
de este miércoles, además de favorecer un acuerdo que permita el
cumplimiento de una sentencia judicial, también ha servido para que el
Gobierno de España haya aprendido "una gran lección, y es que, en
democracia, más vale un acuerdo unánime de mínimos, que una votación con
la mayoría de las comunidades autónomas en contra".
Este
principio, ha indicado, es todavía más importante si se tiene en cuenta
que las autonomías tienen "competencia exclusiva en servicios sociales" y
que hay una sentencia judicial que establece que por ese motivo la
gestión del IRPF destinado a entidades del tercer sector también es
tarea de las comunidades, y ha añadido que el Gobierno no puede olvidar
que estas también "son Estado".
La vicepresidenta ha
incidido en que la propuesta de real decreto que han presentado desde el
Ministerio carecía de concreción y no se había consensuado previamente
con las comunidades autónomas, y ha acusado al Gobierno de querer
imponer "a sangre y fuego un modelo" que carecía de acuerdo.
"Creo
que es una lección importante la que ha aprendido hoy el Gobierno de
España, y es que en un escenario poliédrico, de diferentes gobiernos y
sensibilidades conviene llegar a acuerdos y no imponer un criterio desde
la centralidad", ha manifestado y ha celebrado que finalmente se haya
logrado que triunfara "el diálogo, y que se aprenda que las cosas ya no
funcionan imponiendo al resto un criterio único".
Oltra ha
advertido que en las comisiones que se van a constituir para trabajar en
la elaboración de un modelo mixto de gestión, el Gobierno valenciano, a
través de la Conselleria de Hacienda, estudiará las cifras referentes a
los distintos tramos del IRPF, y no se aceptará "nada que haga de menos
a las comunidades autónomas, porque las competencias sociales en este
ámbito son exclusivas de ellas".
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