Piden explicaciones al Gobierno central por la gestión en la A3 y el by-pass durante la DANA

La gestión del tráfico en la autovía A3 y el by-pass durante las intensas lluvias registradas el pasado 29 de octubre es uno de los puntos aún no esclarecidos de la desastrosa DANA que asoló la Comunitat Valenciana aquel día y una de las que mayor fricción crea entre la Generalitat Valenciana y el gobierno central. Y es que fuentes cercanas a la Generalitat consideran que la falta de decisión para cortar la circulación en estas infraestructuras clave habría expuesto a miles de conductores a una situación de riesgo que consideran "evitable".

Las mismas fuentes subrayan que las competencias para ordenar el cierre de estas carreteras corresponden al Gobierno central y reclaman transparencia en las razones por las cuales no se actuó pese a las alertas meteorológicas y las condiciones de inundación que se estaban registrando en ese momento. Particularmente, se cuestiona por qué se permitió la circulación en el tramo de la A3 a la altura de Chiva y el by-pass, mientras que en la misma vía, a la altura de Requena, sí se procedió a cerrar el tráfico.

Desde la Generalitat también se defiende que las autoridades nacionales disponían de información en tiempo real sobre la situación a través de la reunión del Cecopi, celebrada ese día a las 17:00 horas con participación telemática de representantes de la Administración General del Estado. Pese a ello, aseguran que no se tomaron las medidas necesarias para evitar el colapso vial y los riesgos asociados.

Hasta ahora la única explicación del Gobierno central es que las carreteras están diseñadas para drenar agua y que solo se procede a cortar el tráfico en caso de acumulaciones que afecten a la circulación. Estas explicaciones son consideradas por la Generalitat como insuficientes, dado que las carreteras mencionadas quedaron totalmente anegadas, impidiendo la circulación normal y generando graves problemas para los conductores.

Entre los miembros de la administración valenciana se insiste en que el Ejecutivo central debe aclarar qué información manejaban los distintos ministerios y organismos implicados y por qué decidieron no cerrar el tráfico en puntos críticos como Chiva.