La faena de la Associació de Juristes Valencians,
entidad que preside José Ramón Chirivella, la cual lleva meses promoviendo acciones
para evitar que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano,
la ley de custodia
compartida y la de Uniones
de Hecho Formalizadas, hoy ha surtido efecto. Esto implicaría no solo la derogación de las leyes,
sino inhabilitar a les Corts Valencianes para posibles proyectos futuros en
materia de derecho civil. La AJV ha alertado en múltiples ocasiones sobre los
riesgos que entrañaría que la Comunitat Valenciana no pudiera legislar en materia de
derecho civil y que se trata de una cuestión política camuflada de choque de competencias.
Por todo ello, hoy el pleno de las Corts Valencianes
ha aprobado con los votos de Compromís, PPCV y PSPV una proposición no de ley por la que se pide al Consell que solicite al Gobierno central la
retirada de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra leyes de
desarrollo del derecho civil foral valenciano. En su línea neocentralizadora,
Ciudadanos ha votado en contra, mientras que Podemos se ha abstenido.
En virtud de esta iniciativa las Corts también reclaman que en
cualquier reforma de la Constitución se respete "la capacidad
normativa plena en materia civil de la Comunitat Valenciana, sin que ésta pueda
ser mermada". Asimismo, nuestro Parlamento autonómico se afianza en su derecho
al desarrollo legislativo del derecho civil foral valenciano. La AJV ya cuenta
con el apoyo de la Universitat de València, del Colegio de Abogados y con un centenar de
municipios adheridos al manifiesto que promueven.
Especialmente incisiva ha estado la diputada popular María
José Ferrer Sansegundo, la cual ha destacado que "la Comunitat Valenciana
no puede ser la pagafantas de España, tienen que respetarnos" y, para
ello, "tenemos que empezar respetándonos nosotros". A su juicio,
"España tiene una deuda histórica también en el reconocimiento del derecho
civil valenciano".
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