Puig asegura estar "defendiendo lo justo" con el recurso al trasvase

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado este jueves convencido de estar "defendiendo lo justo" con el recurso que la Abogacía de la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo por el Tajo-Segura, que no es más, ha dicho, que "seguir avanzando" en que la provincia de Alicante tenga "agua para siempre".

Puig, en declaraciones a periodistas, ha asegurado no querer "polemizar" con el PP al respecto y ha incidido en que está "defendiendo los derechos de la Comunitat" con este recurso, por lo que ha agradecido que nueve municipios alicantinos se hayan sumado al mismo, pues le parece "muy importante".

El president de la Generalitat ha respondido así a la secretaria general del PP en la provincia de Alicante, Ana Serna, quien este miércoles lamentó que los municipios afectados por el recorte del trasvase que se han unido al recurso del Consell lo hacen "por interés político", puesto que el recurso es "perjudicial para Alicante y condena al sur de la provincia a ser un secarral".

Serna criticó que primara "el interés político en vez del interés por la provincia de Alicante", porque el recurso "permite seguir recortando el agua, que deja 84,9 millones de euros anuales en pérdidas y destruye de miles de puestos de trabajo".

Por su parte, Puig ha destacado que lo que la Comunitat debe hacer ahora es conseguir "un mix de todos los recursos", con la reutilización o la desalinización, "pero sin renunciar al trasvase del Tajo-Segura".

El president, tras una visita a la empresa automovilística Liux en Santa Pola (Alicante), ha señalado que hay que tener "muy en cuenta la sequía y las consecuencias del cambio climático", por lo que hay que asegurar, ha dicho, que Alicante tenga "agua para siempre".

Hasta el pasado martes, último día para sumarse al recurso, se habían unido los ayuntamientos de Elche, Orihuela, Guardamar, Dolores, San Fulgencio, Benferri, Rafal, San Miguel de Salinas y Los Montesinos, que se han personado de la mano del Consell para reclamar la suspensión cautelar de los caudales ecológicos.