El expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en la provincia, Alfonso Rus
Juan José Medina, exalcalde de Moncada. EPDA La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han lanzado una macrorredada contra la corrupción que afecta a altos cargos del PP en la Comunitat Valenciana. Entre
los 24 detenidos se encuentran Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Emilio
Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la Diputación, y Juan José Medina, exalcalde de Moncada y exvicepresidente primero de la corporación provincial. También
ha sido arrestada María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento
de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el
"Caso Imelsa", ha coordinado hoy una operación contra una
trama de corrupción infiltrada en varias administraciones
públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se
servían de sus puestos de responsabilidad en dichas
administraciones o en empresas públicas vinculadas a las
mismas y de su potestad en materia de contratación para
percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones
fraudulentas.
La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación
en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el
Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al
menos 24 detenciones practicadas en las provincias de
Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29
investigados (término que sustituye al de imputado tras la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
Entre los 24 detenidos hoy se encuentran además el exvicepresidente de la Corporación Provincial y
exsecretario autonómico de Educación, Máximo
Caturla; el ex secretario autonómico de Deporte y ex
diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu,
Vicente Burgos; la secretaria del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster; o Salvador Deusa Ibanco, exjefe de sección de
Evaluaciación y Planificación de la Diputación de
Valencia.
Ademas de los 9 citados, hoy también han sido
arrestados 13 empresarios, dos arquitectos y un ex
trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de
confianza del grupo popular).
En la operación desarrollada hoy se han llevado a
cabo 33 entradas y registros en las tres provincias
de la Comunidad. Se han registrado domicilios
particulares de los investigados, sedes sociales de
empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y
fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la
sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic
de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del
Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.
La investigación se inició a partir de una denuncia
interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una
presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa,
dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos
Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla
entre los arrestados hoy.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el
ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso
de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la
UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la
presentación de una querella que por turno de reparto cayó en
Instrucción 18 el pasado mes de marzo.
El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones
secretas desde el principio. En la causa se investigan varios
delitos contra la administración pública, entre ellos, los de
prevaricación administrativa, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de
capitales.
En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la
operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los
investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de
medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa
continúa secreta.
El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los
afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia.
También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos
orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad
relacionada con la formación.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha
comparecido junto a la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, tras la
celebración del pleno ordinario para valorar la macrorredada policial. Rodríguez ha anunciado que, si los
asesores del grupo popular investigados en la causa Juan José Medina y Emilio Llopis no dimiten, serán destituidos.
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