Save the Children alerta de la criminalización que están sufriendo los menores migrantes que están solos en la Comunitat Valenciana

Save the Children. EPDA

Save the Children pide que no se criminalice a los adolescentes migrantes que no tienen referentes familiares en España y demanda al Gobierno central una estrategia para su protección e inclusión que incluya mecanismos de corresponsabilidad y reparto de tareas entre los actores a nivel estatal, autonómico y local.

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, son 954 los niños y niñas migrantes sin referentes familiares que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat, según los últimos datos oficiales a 31 de diciembre de 2018, lo que representa el 0,1% del total de niños y niñas de la autonomía.

La organización ha presentado hoy el análisis Contando los pasos. En él, Save the Children ofrece datos sobre las migraciones tanto en la Comunitat Valenciana como en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias responsables. La organización insiste en la importancia de tener una perspectiva de infancia en las políticas migratorias ya que los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron de forma irregular a España por el estrecho de Gibraltar en 2018.

Para Save the Children también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores de edad e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Esto debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, asegura que “no hay que olvidar que los menores migrantes sin referentes familiares son posiblemente la infancia más vulnerable porque llegan totalmente solos después de haber viajado en condiciones terribles, a veces durante años, niños y niñas que escapan de la pobreza, de la violencia, que están expuestos a las mafias y a la desprotección”. “Tal y como nos muestran las cifras, la inmensa mayoría de estos jóvenes no han mantenido nunca conductas delictivas en su vida, de hecho, en la mayoría de los casos, son ellos las víctimas, y por tanto es nuestra obligación ofrecerles la mejor protección posibles y las mejores condiciones que seamos capaces”, lamenta Hernández.

Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana sólo el 18,2% de los adolescentes a los que se les ha aplicado medidas por cometer algún delito son de origen extranjero.

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad como son la salud, la educación, el sistema de pensiones o las prestaciones económicas. Y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

Paralelamente, la organización también alerta de que el sistema de protección en España ha perdido el rastro de más de 5.000 niños y niñas desde 2015 cuya responsabilidad tenía encargada.

Save the Children propone en materia de infancia migrante las siguientes medidas, tanto a nivel autonómico como Estatal:

Desarrollo de la Estrategia de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia
Protocolo de llegadas marítimas con enfoque de infancia y plan de contingencia para los meses de mayor presión migratoria.

Mejorar la identificación de los perfiles más vulnerables, como son niños y niñas sin referente familiar, víctimas de trata y solicitantes de protección humanitaria o internacional, con Mecanismos trans-fronterizos para su protección y entrada segura en el país.

Procedimiento de determinación de la edad con garantías, respetuoso con los derechos de los niños y las niñas.

Creación de un registro unificado de coordinación entre los sistemas de protección autonómicos
Consolidación efectiva del sistema autonómico de acogimiento fomentando el acogimiento familiar o la adecuación de recursos residenciales a pequeña escala generadores de entornos lo más similares posibles a un entorno familiar.

Formación y capacitación de todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y adolescencia, así como coordinación y cooperación entre los distintos servicios públicos o público-privados en materia de atención a la infancia.

Garantizar la corresponsabilidad entre comunidades autónomas con unos estándares mínimos de calidad, facilitando los traslados de los niños y las niñas entre comunidades autónomas por su cercanía a redes familiares y personales, por necesidades específicas o mayores posibilidades de integración.

Políticas de integración a nivel estatal, autonómico y local y campañas de sensibilización de los fenómenos migratorios y derechos de infancia, contra la discriminación y la xenofobia, así como una estrategia integral para la protección e inclusión de menores sin referente familiar.

Acompañamiento efectivo para una emancipación y transición a la vida adulta, cumpliendo todos sus derechos.

Hernández asegura que “los niños y las niñas deben estar en familia, es fundamental para garantizar su pleno desarrollo y su inclusión en la sociedad de acogida. Un niño es un niño, independientemente de dónde venga, y es nuestra obligación como sociedad ofrecerle las mejores condiciones para garantizar que su vida sea digna y plena”. “Habremos fracasado como sociedad si no somos capaces de ver a los niños como lo que son: niños, si nomos capaces de garantizar sus derechos, independientemente de dónde vengan”, afirma el director territorial.

Niñas migrantes

Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes ya que ellas emigran en menor medida que sus coetáneos varones. Esta realidad se debe principalmente a los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorarlas y a restringir mucho su libertad de elección. En muchas regiones las menores cuidan a los demás hermanos y hermanas, ayudan a realizar las tareas domésticas y contribuyen en la organización de la casa, de lo que sus pares varones son excusados. Para ello, muchas veces deben renunciar a su educación y a su formación. Además, en algunas áreas geográficas persisten prácticas como los matrimonios tempranos o el acogimiento fuera del núcleo familiar para el empleo doméstico, haciendo que las niñas pasen rápidamente de vivir bajo la autoridad de sus padres a la de sus maridos u otras familias.

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. Dicha exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España.

Resulta preocupante la sobrerrepresentación de las niñas de Nigeria y de Camerún entre los menores que son tutelados por las administraciones públicas. Estos dos colectivos son los únicos formados sólo por menores de sexo femenino en España, característica que revela las modalidades bajo las que probablemente se ha llevado a cabo el trayecto migratorio y la finalidad oculta de sus llegadas.