El
TAL, organismo que siempre ha estado bajo la presidencia de la
Generalitat Valenciana, representa en el ámbito autonómico el
sistema de solución autónoma de conflictos laborales colectivos
mediante procedimientos de mediación y arbitraje.
El
TAL juega un papel relevante en las relaciones laborales y en el
desarrollo de la negociación colectiva y supone una alternativa a la
vía judicial, ya que viene a solucionar de manera rápida, negociada
y satisfactoria el conflicto laboral entre las empresas y
trabajadores y trabajadoras, garantizando siempre los principios de
igualdad, audiencia, contradicción e imparcialidad entre las partes
en conflicto.
De
hecho, solo en el pasado 2014 el TAL ha mediado en un total de 332
conflictos entre los agentes económicos y sociales, de los que 82
eran procedimientos con convocatoria de huelga, 241 procedimientos
generados por interpretación y aplicación de normas, y nueve por el
bloqueo en la negociación de temas diversos. Con todo y solo en
2014, la actividad mediadora del TAL contribuyó a la desconvocatoria
de 20 huelgas en el ámbito autonómico con lo que ello implica de
menor impacto socio laboral y económico en cuanto a jornadas de
trabajo perdidas.
Pero
esta labor, de gran interés puede verse interrumpida por la falta de
liquidez de la GVA a pesar de que el TAL tiene consignados para el
2015 en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, un
importe de 650.000 que por el momento no se han hecho se han hecho
efectivos para la financiación de los gastos de funcionamiento.
“Consideramos
la Generalitat tiene que actuar con carácter de urgencia, para
evitar que se ponga en riesgo la continuidad de este servicio público
en funcionamiento desde 1997. Su desaparición provocaría graves
consecuencias para empresas y trabajadores que perjudicaría la paz
laboral y la negociación permanente entre las partes, dificultaría
gravemente el ejercicio de derechos constitucionales como la tutela
judicial efectiva o el derecho a huelga, dilatando e incrementando
procesos judiciales, para unos tribunales de justicia, ya por sí
bastante colapsados, todo ello sin contar con el coste económico
añadido tanto para empresas, y trabajadores como para las arcas
públicas” señala Marisa Baena, Secretaria de Acción Sindical de
UGT-PV y miembro del patronato del TAL.
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