El grupo popular (izquierda) en el pleno en el Ayuntamiento de Puçol. EPDAEl juzgado de instrucción número 3 de Massamagrell ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra miembros del PP de Puçol, entre ellas la concejala Paz Carceller, a raíz de la denuncia presentada por la candidatura de Compromís-Podemos en la que se les acusaba de delito electoral por intervenir como representantes de personas mayores incapacitadas para desplazarse a la oficina de Correos de Puçol en las elecciones generales de diciembre de 2015.
La denuncia se interpuso a instancias de la directora de la oficina de Correos de la localidad, entonces secretaria general de Podemos de Rafelbunyol, quien tomó la decisión de “apartar y no tramitar tres votos por correspondencia, emitidos a través de representantes, que le parecieron sospechosos”, señala el auto judicial. Una actuación contra la que el PP de Puçol presentará ahora querella.
Según la denuncia interpuesta por Podemos, durante la campaña electoral de los comicios generales de diciembre tres representantes del PP acompañaban a la oficina de Correos de Puçol “a personas de avanzada edad en número de 20 o más diariamente solicitando el voto por correo para ellas y haciendo de apoderadas de otros tantos, saturando dicha oficina e introduciendo ellas mismas los votos de su formación, desechando los demás”.
La magistrada considera que esto “nada tiene que ver con las irregularidades manifestadas por el personal de la oficina de Correos, que se han limitado a poner en duda la práctica de dichas representates de introducir ellas mismas en el sobre de sus representados, sin llegar a salir de la oficina, el voto de su formación”. Añade la jueza que “no se ha acreditado que las tres investigadas representasen, cada una de ellas, a más de un elector” y remarca que “se trata de personas públicamente vinculadas al PP y los ancianos a quienes representaron han declarado ser votantes de ese partido de toda la vida, siendo además lo lógico que si quieren votar al PP busques a representantes vinculados con dicha formación”. Con todo, sostiene que “no se ha acreditado la existencia de irregularidad alguna”.
Fue en este contexto cuando la directora de Correos decidió bloquear tres votos por correspondencia, pese a que solo uno de ellos se hizo a través de una de las tres investigadas. Con esta acción “ha podido vulnerarse un derecho constitucional de estos tres ancianos”, lo que “a su vez puede ser constitutivo de delito electoral”.
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