Milagrosa Martínez entrando en el TSJCV frente a una nuve de fotógrafos. //RAFA MUÑOZ La Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) ha ordenado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la
exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes,
Milagrosa Martínez, condenada el pasado viernes a 9 años de prisión por
los delitos de prevaricación administrativa, malversación y cohecho
pasivo.
Se trata de una medida
cautelar, a la espera de que el Tribunal Supremo vea los recursos contra
la sentencia que consideró probado que amañó contratos para favorecer a
las empresas de la trama Gürtel con las adjudicaciones
para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
Martínez deberá
comparecer dos veces al mes ante el Tribunal, se le prohíbe salir del
territorio nacional y se le retira el pasaporte.
Los magistrados destacan
la “participación activa en la importante defraudación de fondos
públicos objetos de las actuaciones, así como la manipulación del
procedimiento de contratación pública”, pero señalan
que “no nos constan que de ello se haya podido derivar un
enriquecimiento personal” salvo el reloj con el que fue obsequiada por
la trama Gürtel. Respecto a este regalo, la Sala considera que “su valor
resulta totalmente desproporcionado con el monto total
de lo defraudado, que hace pensar en un cierto agradecimiento de los
miembros de la trama, pero no desde luego, que fuera el fin propuesto
con su actuación”.
Esto, según recoge el
auto, “hace que no concurran las mismas circunstancias que con otros de
los condenados, haciendo que se disipe el riesgo de fuga alegado, como
igualmente lo hace que no le constan especiales
medios de fortuna ni intereses fuera del territorio nacional”.
El Tribunal acuerda la
libertad provisional sin fianza del exjefe de gabinete de la
exconsellera, Rafael Betoret, condenado a 6 años de prisión por los
delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a quien
le impone la obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal,
la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio
nacional.
Con estas medidas,
entiende la Sala, queda conjurado el riesgo de fuga ya que “es cierto
que ha recaído una condena en su contra, mas no se nos ha llegado a
exponer suficiente razón de peso que haga temer por
su parte en un intento de evasión, más que el genérico temor a la
pena”.
Los mismos argumentos
utiliza el TSJCV para rechazar el ingreso en prisión provisional del
exjefe de mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal.
También queda en libertad provisional sin fianza.
Condenado a 7 años de cárcel, los tres magistrados que integran el
Tribunal le imponen la obligación de comparecer una vez al mes, la
retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio
nacional.
En las “vistillas” sobre medidas cautelares, celebradas hoy, las
acusaciones
han solicitado la prisión provisional comunicada sin fianza para estos
Martínez, Betoret y Vidal. Sin embargo, el Tribunal considera que no
concurre riesgo de fuga
y opta por imponer otras medidas cautelares que garantizan que los
condenados están a disposición del Tribunal y les permite seguir en
libertad hasta que el Supremo resuelva los eventuales recursos contra la
sentencia del TSJCV.
Además
de las comparencias de Martínez, Betoret y Vidal, el TSJ ha celebrado
las “vistillas” para decidir sobre la situación personal de los
técnicos de la Conselleria de Turismo de
la Generalitat Valenciana, Jorge Guarro y Ana María Grau.
Respecto
de Jorge Guarro, condenado a 4 años de cárcel, y Ana Grau, condenada a
tres años, la Sala, de conformidad con la petición de la Fiscalía, ha
acordado la libertad provisional,
con la obligación de comparecer ante el Tribunal una vez al mes,
prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte.
Prisión para los “cabecillas” de Gürtel
El TSJ acordó ayer el
ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, para Francisco
Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, considerados los cabecillas de la
trama Gürtel, sin esperar a que la sentencia,
que les impone penas de 12 y 13 años de cárcel por asociación ilícita,
tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad, sea firme.
La Sala entendió que
existía riesgo de que Correa (condenado a 13 años de cárcel), su número
dos, Pablo Crespo (condenado a 13 años y 3 meses de cárcel), y el
responsable de la organización en la Comunidad Valenciana,
Álvaro Pérez (condenado a 12 años y 3 meses de prisión) se fugaran y se
sustrajeran a la acción de la Justicia si se les permitía esperar en
libertad el pronunciamiento del Supremo.
De conformidad con el
criterio de las acusaciones, los tres magistrados tuvieron en
consideración la gravedad de la pena impuesta y los otros procedimientos
penales en los que están incursos los tres condenados.
Correa, Crespo y Pérez
comparecieron individualmente ante la Sala de lo Civil y Penal en la
“vistilla” prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para decidir sobre la situación personal
de los condenados.
La Sala además impuso
ayer medidas cautelares a los otros tres miembros de la trama Gürtel
condenados. Rechazó la petición de la fiscalía para que Isabel Jordán,
condenada a 6 años de prisión, ingresara en prisión
de manera inmediata. Los Magistrados no apreciaron riesgo de fuga, por
lo que acordaron su libertad provisional sin fianza, con la obligación
de comparecer cada quince días ante el Tribunal. Además se le prohíbe
salir del territorio nacional y se le retira
el pasaporte.
Para Cándido Herrero,
condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel, el Ministerio Público
pidió prisión eludible con fianza de 50.000 euros. Sin embargo la Sala
consideró suficiente la adopción de otras medidas,
y dictó libertad provisional sin fianza, con la obligación de
comparecer una vez al mes ante el Tribunal. Además se le prohíbe salir
del territorio nacional y se le retira el pasaporte. El Tribunal acordó
las mismas medidas cautelares para Mónica Magariños,
condenada a tres años de cárcel, para quien la fiscalía no pidió
prisión.
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