"Al
Sr. Fernández y al equipo que preside de Compromís, EU, Podemos y
Psoe, se les ha agotado la credibilidad con todos los colectivos y en
el caso de Lafarge es una muestra más, tras casi dos años de
permanente conflicto contra la empresa y sus trabajadores, haciendo
un uso partidista y sectario de la administración y del
procedimiento", ha declarado el portavoz del PP del Ayuntamiento de Sagunt, Sergio Muniesa.
"Han
roto con las reglas del juego pactadas en un convenio que regulaba y
aseguraba el empleo, la continuidad de la empresa y el paraje natural
y que, aparte de poner en riesgo su continuidad, significa un
mensaje absolutamente negativo a la inversión que ve como se cambian
las reglas del juego por criterios políticos", critica Muniesa.
"Los
hechos se han precipitado en este último mes donde hemos visto la
verdadera intención del Sr. Fernández y su equipo de gobierno.
Hemos pasado de querer vender un acuerdo inexistente y que pretendía
utilizar como moneda de cambio el expediente para prorrogar la
cantera, a poner las cartas boca arriba, y dar un paso definitivo para
negar la ocupación, negar Piñal y llevar el paraje sin alternativa", afirma el portavoz del PP.
"Esos
acuerdos abocarían a la empresa a dejar de funcionar y con ello a la
pérdida del empleo, además de exponer a la ciudad a tener que
asumir una indemnización millonaria", subraya Muniesa.
"Nuestra
ciudad no se merece un gobierno así. Somos una ciudad industrial y
la actitud mostrada por el equipo de gobierno es un portazo en toda
regla al empleo, a la continuidad de Lafarge y a la industria de
nuestra ciudad en pleno proceso de reindustrialización. Y es eso es
lo que se debate el próximo martes en el pleno", apunta.
"Estos
posicionamientos se califican por sí mismos y, no es cosa sólo de
una formación política, sino que desde las agrupaciones sindicales
y empresariales se han sumado a las críticas contra el actual equipo
de gobierno de Compromís, EU, Podemos y PSOE, acusándoles de
sectarios, gobernar desde la ideología y no para el bien de la
ciudad y como ha afirmado UGT que culpa del riesgo de cierre a
Lafarge a una cacicada del Alcalde", destaca.
"Estos
casi dos años de gobierno de Compromís, EU, Podemos y PSOE, han
significado un burdo intento de dilatar en el tiempo la concesión de
la autorización en su actual ocupación, haciendo uso de otros
expedientes como forma de acorralar a la empresa. Esta es la política
de quienes vinieron con el mantra de rescatar personas y lo único
que han logrado hasta la fecha es hundirlas y acrecentar la mala
imagen de nuestra ciudad que ha pasado de la alfombra roja a romper
unilateralmente los acuerdos y así es imposible que los inversores
nos vean como una ciudad fiable y atractiva para invertir", concluye Muniesa.
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