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Este nuevo curso político viene marcado por la crisis política e institucional planteada a propósito del referéndum convocado para el 1 de Octubre por el Gobierno catalán. Una consulta que muchos entendemos apresurada pero que está recibiendo un ataque frontal del Gobierno Rajoy, al que respaldan con matices Ciudadanos y el PSOE. Este ataque contra las instituciones catalanas y la convivencia social se basa en instrumentar la Justicia y las fuerzas de seguridad españolas para perseguir, con espurias acusaciones, la libre expresión y pensamiento de todo un pueblo y no solo de algunas instituciones insumisas, tal como muestra la represión ejercida  contra las movilizaciones ciudadanas en defensa de las libertades y derechos, colectivos e individuales. Se trata de una represión tan desproporcionada e intensa que instaura de facto un estado de excepción, incompatible con el actual marco constitucional (vulneración de los artículos 17, 18, 20, 21 y 23 de la Constitución Española) e invalidador del mismo, ya que resultará difícil una vuelta atrás sin consecuencias, como si nada hubiera pasado y ya sea hacia una recomposición del Régimen del 78 por la vía reformista o peor, o bien la apertura de un proceso constituyente alternativo.

Ante este despliegue autoritario y represor de las fuerzas españolistas, que también se ha venido aplicando en otros territorios y luchas bajo el paraguas de la Ley Mordaza, el único camino pasa por exigir no sólo diálogo, sino un acuerdo entre las administraciones estatal y catalana para que el pueblo catalán pueda votar pacíficamente y con total garantía; pueda decidir sobre las diferentes formas de organizarse como nación y sobre la mejor forma de garantizar los derechos sociales y laborales que los gobiernos de Rajoy y Puigdemont-Más han venido hurtando al alimón, corruptelas añadidas, al tiempo que sobre-escenificaban su controversia identataria ante la opinión pública.

El Pacto Nacional por el Referéndum, ya suscrito por centenares de entidades catalanes, pero también por Unidos Podemos y las confluencias, entre otros, resulta un elemento necesario para avanzar pero no suficiente. La exigencia de un referéndum pactado, con plenas garantías, que interpele a la mayoría contraria al PP, que tenga reconocimiento internacional, resultará insuficiente si deja de lado a las organizaciones sociales y políticas comprometidas en mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, en Catalunya y el conjunto de España.

La actual movilización contra el Gobierno del PP en defensa de unas libertades y de una democracia hoy inexistentes demuestra, cada vez más, la urgencia y necesidad de abrir un proceso constituyente hacia la III República Federal, plurinacional y fraterna, capaz de garantizar el derecho al trabajo, a la educación, la sanidad, las pensiones y a unas condiciones dignas de vida para todos y todas.