Alvise (Se Acabó La Fiesta) y la financiación de los partidos en España

La reciente citación del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por parte del Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal, ha hecho saltar las alarmas. Se investiga si su partido, Se Acabó la Fiesta, recibió 100.000 euros en criptoactivos de forma irregular, mediante un monedero anónimo para sufragar la campaña de las elecciones europeas. Pero lo realmente preocupante es que no es una anomalía en el sistema, sino un síntoma más de una enfermedad estructural que afecta a toda la política española: la opacidad y la perversión del sistema de financiación de partidos. Porque no nos engañemos: todos los partidos en España reciben dinero público, obtienen donaciones privadas -a menudo bajo fórmulas poco transparentes- y, en muchos casos, gestionan fundaciones paralelas que sirven como vías alternativas de financiación. La legalidad en estos casos muchas veces es una línea difusa, una cuestión de matices técnicos, no de ética ni de ejemplaridad. Además de que los partidos con poder institucional tienen una relación muy estrecha con las concesiones y contratos con empresas privadas, a través de los cuales, en muchas ocasiones, sirven para colocar a afiliados, familiares y amigos y para lograr fórmulas de financiación.

¿Es diferente lo que presuntamente ha hecho Alvise de lo que han hecho otros partidos durante años? Solo en el envoltorio. Que el dinero venga de una "wallet" de criptomonedas no es más turbio que la ingeniería fiscal de fundaciones políticas vinculadas a los grandes partidos, que han aceptado donaciones de empresas con intereses muy concretos. O que los microdonativos que no se fiscalizan. O que los contratos adjudicados por gobiernos autonómicos y municipales a compañías afines, que luego "agradecen" con generosidad en época electoral.

Y si miramos atrás, la historia no mejora. Gürtel, los ERE, Púnica, Bárcenas, la financiación de Convergència, los papeles de Banca Catalana, los sobresueldos en negro… La corrupción en la financiación política no es accidental ni puntual: es sistémica.

El sistema actual mezcla dinero público con privado sin mecanismos de control efectivos. La Junta Electoral no tiene medios suficientes, el Tribunal de Cuentas reacciona siempre tarde, y la opacidad sigue siendo la norma en vez de la excepción.

El caso Alvise, sin embargo, está siendo utilizado mediática y políticamente porque el europarlamentario ataca la corrupción y el nepotismo insertados en el Sistema. En lugar de escandalizarnos únicamente con este episodio, deberíamos aprovechar para reclamar una verdadera reforma: más transparencia, auditorías externas, límites reales a las donaciones privadas, y sanciones contundentes -económicas y penales- para quienes intenten saltarse las reglas. Pero, claro, esto no interesa.

La democracia no se mide solo en votos, sino en la limpieza del terreno donde se compiten. Y si ese terreno está lleno de dinero opaco, criptomonedas, sobres, comisiones y favores, lo que se resiente no es solo la ética, sino la propia legitimidad del sistema.