Fachada del Palacio de la Moncloa. - EPDALa política española vive instalada en la paradoja. Una de las más llamativas es ver a dirigentes que han defendido proyectos abiertamente independentistas aspirar a marcar el rumbo de la política de todo un país cuya unidad han cuestionado. No es un debate menor ni un reproche identitario: es una cuestión de coherencia democrática y de confianza pública.
España es plural, diversa y compleja. Precisamente por eso necesita liderazgos que, más allá de la legítima ideología de cada cual, transmitan un compromiso claro con el marco común que nos hemos dado. Gobernar o influir decisivamente en el conjunto del Estado implica pensar en el interés general de todos los ciudadanos, no solo en la estrategia de una parte.
Esto no significa excluir a nadie por sus ideas. La democracia consiste en integrar, dialogar y pactar. Pero también en pedir claridad. ¿Puede alguien que ha hecho bandera de la ruptura convertirse en garante de la cohesión? ¿Puede liderar un proyecto nacional quien concibe la nación como algo prescindible o provisional? Son preguntas incómodas, pero necesarias.
La normalización de estas contradicciones responde, en parte, a una política de bloques donde los apoyos se buscan a cualquier precio. El cortoplacismo parlamentario acaba pesando más que la pedagogía democrática. Y al final, el ciudadano percibe que los principios se negocian como si fueran cromos.
España necesita menos táctica y más proyecto. Gestión y gestión. Menos gestos para la galería y más honestidad intelectual. Si un líder independentista quiere jugar un papel central en la gobernabilidad de España, tiene derecho a hacerlo; pero también el deber de explicar con transparencia qué España quiere construir.
La crítica no es miedo: es responsabilidad cívica. Y en tiempos de ruido, pedir coherencia sigue siendo un acto profundamente democrático.
