La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Isabel BonigLa portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que la Ley sobre una financiación justa de los ayuntamientos, presentada por el GPP, "busca sacar a los ayuntamientos de la asfixia a la que los somete el Consell del Titànic".
Bonig se ha pronunciado así durante la toma en consideración "de la que sin duda es una de las propuestas que de verdad puede mejorar la vida de los valencianos, una Proposición de Ley cuyo principal objetivo es garantizar una financiación justa para la administración más cercana a los valencianos, los Ayuntamientos", ha indicado.
"La izquierda, que siempre se ha presentado como la eterna municipalista, no se da cuenta de que endosar competencias a los ayuntamientos sin la financiación necesaria no es ser municipalista ni abogar por una segunda descentralización ni mejorar la autonomía local. Es asfixiar a los ayuntamientos, ahogar las haciendas locales y obligar a los alcaldes a responder por su incapacidad para gestionar", ha explicado.
"No se puede endosar la gestión de Xarxa Llibres a los Ayuntamientos y pagar con más de un año de retraso para que sean ellos los que sufran la indignación de los ciudadanos. No se pueden atribuir infinidad de competencias en dependencia a los municipios sin aportar ni un solo euro. No se puede derivar toda la tramitación administrativa de las ayudas de pobreza energética sin dotar a los Ayuntamientos de los medios necesarios para ello", ha indicado.
"Y lo peor de todo es que el Consell se pasa el día llorando por falta de recursos pero tienen 2.000 millones de euros más que el último Gobierno del PPCV sin que se haya modificado aún el sistema de financiación".
Bonig ha criticado que el apartado de los presupuestos de administración local, dependiente de Presidencia, "está dotado con 5.850.000 euros en su capítulo IV para trasferencias corrientes a los Ayuntamientos, pero a fecha de 31 de octubre 2016 el grado de ejecución es del 0%".
La portavoz popular ha indicado que con esta ley "nos hubiéramos evitado ayudas directas a empresas presididas por el propio President, como Carns de Morella, por 140.000 euros, hubiéramos evitado regar con 90.000 euros a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, expulsado de la judicatura, o se hubiera evitado la anárquica política seguida en polígonos industriales".
La Síndica popular ha señalado que hay que tener en cuenta unos criterios fijos, como el criterio poblacional, su grado de diseminación e incluso la fluctuación en periodo estival. "Hay que aparcar el sectarismo en las inversiones. Con esta ley se garantizarán unos servicios básicos homogéneos de calidad y la capacidad financiera de los ayuntamientos de una manera sólida e imparcial", ha manifestado.
Por último, Bonig ha afirmado que esta ley "es necesaria para blindar una financiación estable para los ayuntamientos. En un Estado de Derecho los derechos se plasman en leyes, no inventándose millones ficticios. Si los Ayuntamientos hicieran como el Consell de Puig y Oltra, cuadrarían sus presupuestos con cifras ficticias esperando a que la Generalitat les financie como corresponde, pero afortunadamente los ayuntamientos son más responsables".
"Esta ley plasma por escrito, reconociendo derechos y creando consecuencias jurídicas, lo que es una necesidad imperiosa para los Ayuntamientos: su justa financiación", ha añadido Bonig, que ha explicado que el PPCV ha fijado dicho porcentaje en aproximadamente el 12% de los tributos propios, unos 380 millones de euros anuales".
Por último, Bonig ha insistido en que esta es "una propuesta abierta" que el GPP está dispuesta a consensuar.
