Cabré, que ha mantenido una primera toma de contacto con el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha recordado que la Generalitat ha puesto en funcionamiento 71 nuevas unidades judiciales en la última legislatura (2007-2011), lo que ha supuesto una inversión de más de 28 millones de euros. "Sin embargo, este esfuerzo presupuestario no tuvo su correlativa respuesta por parte del Gobierno socialista: nuestra Comunitat se encuentra en el penúltimo lugar entre las comunidades autónomas en cuanto a financiación por habitante", se ha lamentado.
El conseller se ha mostrado partidario de profundizar en otras vías de financiación provenientes de la gestión de la administración de Justicia en nuestra Comunitat y ha propuesto la reversión a la Generalitat del importe de los gastos mobiliarios e inmobiliarios ocasionados por la apertura de nuevos órganos judiciales y la actualización de su coste de funcionamiento, así como los rendimientos que generan las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados y tribunales de la Comunitat (que en cuatro años habría supuesto unos 25 millones de euros).
Igualmente ha pedido la reversión del importe recaudado por la tasa por litigar en los asuntos civiles y contencioso-administrativos presentados en los juzgados valencianos (solo en 2010, casi 19 millones de euros); el importe de las multas que se impongan en procedimientos tramitados en la Comunitat, el producto de la subasta de las piezas de convicción y bienes decomisados en los asuntos que conozcan los juzgados de la Comunitat, o la adjudicación de las cantidades depositadas que no pueden devolverse a los particulares, o que éstos renuncian a recoger.
El conseller Cabré ha tratado también con el ministro la búsqueda conjunta de fórmulas para que vengan a la Comunitat los 15 jueces pendientes de 2010, tras recordar que es la quinta comunidad con menos jueces, con una media de 9,8 por cada 100.000 habitantes.
Agrupación de partidos judiciales
El conseller ha explicado al ministro Gallardón que "la Generalitat es partidaria de modificar los 36 actuales partidos judiciales, mediante la agrupación o unificación de algunos de ellos y la posterior separación de jurisdicciones".
A su juicio, esa agrupación permitiría optimizar los recursos existentes, reduciría los desplazamientos del Ministerio Fiscal, ya que todos los Juzgados de Primera Instancia o Instrucción se encontrarían en una sola localidad, y se reducirían sustancialmente los tiempos de espera para la celebración de los juicios rápidos o las comparecencias.
El conseller ha recordado que esta agrupación supondrá una mayor especialización, "lo que sin duda conllevará una mejora en la calidad de la justicia, además de ser un primer paso para la instauración de los Tribunales de Instancia".
Posible reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
En relación a la situación actual del turno de oficio, el conseller Cabré considera que "es el resultado de un sistema retributivo útil e idóneo para el momento en que fue diseñado, pero que el transcurso de los años ha demostrado deficitario".
El titular de Justicia ha lamentado la constante desviación al alza del coste anual del servicio respecto de la cantidad inicialmente presupuestada como consecuencia de las sucesivas reformas legales que han implicado un aumento del número de asuntos judiciales en los que se requiere intervención del turno de oficio, o el incremento de la litigiosidad derivado de la crisis económica, que junto con otros factores como el incremento de la población extranjera, ha supuesto un aumento del recurso a este derecho y por tanto del número de solicitudes y expedientes tramitados, que desde el año 2003 a 2011 ha crecido en un 98,3%.
"El coste del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita que asume la Generalitat se ha incrementado en este periodo más del 167%, pasando de 9,8 millones de euros en 2003 a 26,2 millones en 2010", ha apuntado
El conseller ha trasladado al ministro el compromiso de mantener el coste del servicio adecuándolo a lo inicialmente presupuestado, así como la necesidad de estudiar una posible reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, "habida cuenta de que todas las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia llevan varios años planteando la necesidad de modificar su planteamiento".
