Iván EsteveDe todos es conocido que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) lo integra personal civil, sin otro interés más allá de defender la utopía y fantasiosa república de los Países Catalanes unidos por una amplia motivación personal.
Estos comités empezaron sus andanzas de forma más o menos pacífica con una actitud pasiva y poco violenta, como los piquetes vividos el día 8 de Noviembre del 2017. Posteriormente se ha visto una constante escalada como el asedio de 23 y 25 de Febrero del 2018 al Palacio de la Justicia.
Su forma de actuar empieza a caracterizarse más por una organización terrorista, que no un grupo civil pacífico, pues actúan de forma organizada y coordinada, que además cuenta con una estructura operativa presente en más de 254 municipios al más puro estilo comando de guerrilla.
Y es que la escalada de violencia es constante además de estar aupada por la administración catalana, con discursos incendiarios y provocadores, centrados en mensajes llenos de odio y rabia.
Estamos viendo como los Comités de Defensa de la República (CDR) han dado el paso a acciones contundentes, véase el cierre de infraestructuras críticas, el veto al Derecho Constitucional de la Manifestación como fue el caso de Jusapol en Barcelona, el acoso y derribo a Autoridades y Fuerzas y Cuerpos del Estado en sus funciones, así como, el asedio vivido anoche al Parlamento Catalán.
De ser un problema aislado y temporal, a enfrentarnos a una organización puramente terrorista que en su evolución más natural serán acciones a lo Kale Borroka, hemos perdido de vista que estas personas están altamente motivadas, que además cuentan con el respaldo de las 'autoridades catalanas' integradas en todos los colectivos y esferas sociales de Cataluña, véase los Mossos D'Esquadra o las diferentes plataformas cívicas en defensa de la autodeterminación.
La situación requiere medidas extraordinarias, pues el Art. 155 ya está sobrepasado y sería conveniente la aplicación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, así como la aplicación la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad de las infraestructuras y el cese de estas actividades constantes de sabotaje al motor económico y de perturbación a la Paz de los ciudadanos Españoles.
El Gobierno de la Nación debe de disponer cuantos recursos sean necesarios para la localización de todas las personas que causan desórdenes públicos y atentan contra las autoridades, con el fin de ponerlos en disposición de la Justicia y que en cataluña vuelva a imperar el Estado de Derecho.
