Ciudadanía desde la infancia en la Comunitat Valenciana

El pasado 24 de diciembre, coincidiendo con la víspera de Navidad, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó la Ley 26/2018 de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia. De esta manera, entraba en vigor una legislación que ha sido recibida como un paso necesario, pero no como un lugar de destino. 

Citando al miembro español en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Jorge Cardona, diré que "la ley no es el final. La ley es el principio. Ahora hay que conseguir que se implemente y aplique plenamente. Pero podemos afrontar ese reto con esperanza. Tenemos un buen principio".

En mi enriquecedora experiencia en el mentado comité internacional aprendí muchas cosas y, entre ellas, precisamente esa: que la legislación no es el fin, sino el espacio de certidumbre relativa sobre el que construir. Ahora toca vigilar que la cumplan (si no que se lo digan a quienes vienen luchando desde hace años por la correcta aplicación de la Ley de Dependencia…).

Otro de los aprendizajes que extraje de esta vivencia es que la voz de los sujetos afectados, a veces tan minusvalorada, es tan importante (o más) que su voto: en sistemas democráticos la escucha activa de la persona afectada es imprescindible, forma parte del abecé de la justicia. 

Y para convencerse de esto tan solo hay que ponderar los esfuerzos hechos en países inmersos en procesos de deriva iliberal como EEUU, Hungría, Italia o España por cercenar la voz y la participación de sus medios, artistas y población en general. La censura es una de las bases sobre las que se sustenta el control social.

Reconociéndoles como miembros "de pleno derecho" de la ciudadanía, fomentando su papel partícipe de la sociedad, se reconoce a su vez el valor constituyente de sus voces en el propio sistema democrático. 

Hay quien diría que no hay demos, ni democracia, sin contar con las niñas y los niños que lo componen. Y es que cualquier poder público, sin importar su dimensión o tipología, debería tener en cuenta la voluntad de la población a la que afecta. De toda ella.

En definitiva, el paso dado al incluir a las personas con discapacidad intelectual dio profundidad democrática a nuestro ordenamiento jurídico-político español; la ampliación de derechos y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho supone ahora un avance de gran importancia para seguir enriqueciendo el sistema en tiempos difíciles para este; y, de cara al futuro, ¿quién sabe si conseguiremos seguir avanzando en esta dirección abriendo el debate respecto a la exclusión de las personas extranjeras? 

Pagan sus impuestos, oiga, ¿por qué no van a poder votar?