La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha reclamado al Consell "que rectifique tras un nuevo varapalo judicial a su intento de anular las diputaciones".
Mari Carmen Contelles se ha referido así al rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Generalitat contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de tumbar el decreto de coordinación de Deportes. Aquella decisión del TSJCV también anulaba el decreto de coordinación en materia de Turismo.
Contelles ha exigido a Ximo Puig y a Mónica Oltra que abandonen "el frentismo y la imposición en la que se han instalado, que respeten la autonomía de las diputaciones y que se dediquen a trabajar en el marco de sus competencias que como es el caso de bienestar social, educación o sanidad las tienen muy olvidadas".
"Oltra quiere dirigir el funcionamiento de las corporaciones provinciales y controlar competencias como turismo o deportes cuando hace una dejación de funciones sonrojante como responsable de las políticas de bienestar social", ha añadido.
La portavoz popular considera que los decretos que ha anulado la justicia "forman parte de la estrategia que ha puesto en marcha el Consell para vaciar de competencias y dinero las diputaciones provinciales con el silencio cómplice de Jorge Rodríguez".
Así, ha recordado el proyecto de ley de Mancomunidades que ha presentado el ejecutivo autonómico o la proposición de ley de comarcalización de Compromís, o los planes teledirigidos fundamentalmente desde los despachos de Mónica Oltra y Vicent Marzà para financiar competencias impropias de las diputaciones.
"Consideran las diputaciones como el cajero automático con el que pagar las políticas del Consell simplemente porque no saben cómo gestionar el dinero con el que cuentan y es más fácil que venga otro y lo pague en lugar de trabajar", ha señalado Contelles.
"Se pasan el día quejándose pero no dicen que en los dos últimos años ha aumentado en 2.150 millones la financiación que llega del Estado. Si no malgastaran el dinero en chiringuitos y agencias de colocación, en contratar asesores o en abrir una televisión podrían atender a más de 17.000 dependientes pendientes de valoración, podrían pagar los 14 millones que deben a los centros especiales de empleo y podrían desarrollar sus competencias sin necesidad de interferir en la labor de las diputaciones", ha añadido.
Contelles ha defendido el papel de los gobiernos provinciales "porque son fundamentales para garantizar los servicios a los ciudadanos, especialmente en los municipios más pequeños. Porque cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, tiene derecho a los mismos servicios, y eso ahora mismo sólo lo garantizan las diputaciones".
Finalmente, ha subrayado que "la única coordinación de la que se deben preocupar Puig y Oltra es la que debe existir entre sus consellerías y dentro de sus propias consellerias, porque se han convertido en pequeños reinos de taifas en función del partido al que se hayan adscritos sus cargos y en los que cada uno hace la guerra por su cuenta pensando únicamente en su supervivencia y no en el beneficio para los ciudadanos".
